El vocero Adrián Ravier informó que se están “evaluando” las operaciones de funcionarios cercanos al exjefe de Gabinete, que ya son parte de la investigación judicial
Tres días después de la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y a horas de su reemplazo formal por Diego Santilli, el gobierno de Javier Milei informó que iniciará una investigación interna para precisar y determinar los pagos y compras que Adorni habría hecho a través de distintos empleados que se desempeñaron a sus órdenes.
“Va a haber una investigación de oficio para averiguar qué pasó”, afirmó a LA NACION una alta fuente del Gobierno, en relación a esas compras, varias de las cuales ya están incorporadas a la causa judicial contra Adorni. “Por supuesto, estamos apenas llegando, ¿no?, pero por supuesto todas estas cosas se están evaluando, se están analizando y demás”, contestó el flamante vocero presidencial Adrián Ravier, en su primera conferencia de prensa con preguntas, este mediodía, en la Casa Rosada.
Laura Schiuma, directora general de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno, declaró ayer ante la Justicia que puso su tarjeta de crédito para que el exjefe de Gabinete comprara un monitor para videojuegos. Explicó que, luego, el exfuncionario le devolvió el dinero en efectivo, unos $2,1 millones. Además, quedó registrado un intento del funcionario de adquirir un Smart TV y otros objetos, pero que esas compras fueron rechazadas.
Desde la fiscalía que encabeza Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación judicial, creen que Adorni buscaba a través de gestiones de terceros no aparecer como titular de este y otros gastos. Al momento de esa compra, el sueldo mensual de Adorni era de 3,5 millones de pesos. El monitor gamer costó $2.184.999,05.
Con el mismo sistema —tarjetas de otro funcionario—, Adorni compró dos proyectores que le costaron $1.831.795 cada uno. Esos aparatos aparecen como pagados el 13 de agosto de 2025 con dos tarjetas diferentes, cuyo titular, en los dos casos, es Luis Enrique Aluju, que al momento de la compra era coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, según la resolución de su designación, publicada en el Boletín Oficial. Tanto Schiuma como Aluju llegaron a sus puestos por recomendación de Adorni, a quien –en el caso de Schiuma– conocía años antes de sus ingresos a la función pública.
Hace dos semanas, en el celular de Matías Tabar, el contratista que coordinó las refacciones en la casa que los Adorni tienen en el country Indio Cuá, los investigadores encontraron una factura de compra de más de $8 millones en una tienda que vende artículos como sábanas, toallas, fundas, acolchados y cubrecamas. La factura estaba a nombre de Gisela Kocsis, empleada de planta y secretaria del jefe de gabinete desde noviembre del año pasado.
Nadie descarta que, en el transcurso de los días que vienen, aparezcan otras operaciones de compras realizadas por empleados cercanos (y no tanto) a Adorni. Cerca de Santilli, que jurará esta tarde como jefe de gabinete, aseguran que está “en estudio” remover de sus puestos a varios de los secretarios que respondían a Adorni en el organigrama de la jefatura de gabinete. En especial, se analizan los casos de la coordinadora de Asuntos Legales, María Guadalupe Triviño Suárez, y la jefa de la unidad gabinete de asesores, Aimé Vázquez, parte de la delegación que acompañó al Presidente al Argentina Week de Nueva York.
También están bajo evaluación los reemplazos para la mayoría de las seis secretarías, una de las cuales ya tiene dueño: el vocero Fabián Fernández, con pasado en Pro y que ya cumple funciones como secretario de Prensa, en reemplazo de Javier Lanari, el funcionario que en abril cumplió la orden de cerrar la sala de periodistas de la Casa Rosada.
Tanto Kocsis como Aluju y Schiuma, que cumple funciones en las oficinas de la exSomisa, adoptaron un bajo perfil desde que sus nombres comenzaron a ser asociados, y prácticamente “desaparecieron” de sus lugares habituales de trabajo, según fuentes que trajinan los pasillos de la Casa Rosada.
En Balcarce 50, según pudo saber LA NACION, hay una inquietante certeza: aparecerán, más temprano que tarde, casos similares de empleados que, a solicitud del ya exjefe de gabinete, realizaron compras y trámites, sin poder negarse por la diferencia de rangos entre ambos y la posibilidad de perder sus empleos.
