La cesión de activos por parte de la petrolera generó un enfrentamiento entre el gobernador Ignacio Torres y el intendente Othar Macharashvili. La discusión gira en torno a quién administrará un patrimonio valuado en más de US$80 millones.
La decisión de YPF de transferir a la provincia de Chubut un importante paquete de tierras e inmuebles ubicados en Comodoro Rivadavia desató un fuerte conflicto político entre el Gobierno provincial y el municipio. La disputa enfrenta al gobernador Ignacio Torres con el intendente Othar Macharashvili y reaviva una discusión sobre el destino de activos considerados estratégicos para la ciudad petrolera.
La polémica comenzó luego de que se conociera que la provincia será la encargada de administrar los bienes cedidos por la compañía. Desde el Ejecutivo chubutense descartaron que esos activos pasen automáticamente a manos del municipio, una postura que generó el rechazo de dirigentes peronistas de Comodoro Rivadavia.
Macharashvili fue uno de los primeros en cuestionar la decisión. “Los bienes tienen que quedar para los comodorenses”, sostuvo al reclamar que las propiedades sean administradas por la ciudad. En el mismo sentido se expresó el exintendente Juan Pablo Luque, quien advirtió: “No vamos a permitir que se lleven los bienes de YPF que pertenecen a los comodorenses”.
También se sumó el senador nacional peronista y exintendente de Comodoro, Carlos Linares, quien señaló: “Espero que todos los bienes de YPF queden en manos de la Municipalidad y de los habitantes de Comodoro Rivadavia. Por respeto a la historia y al sacrificio de los comodorenses, gobernador Torres, espero que así lo haga”.
La respuesta del gobernador no tardó en llegar. Torres fue categórico al asegurar que las propiedades “no van a pasar a manos del municipio” y cuestionó los planteos de la dirigencia local, a la que acusó de intentar apropiarse políticamente de esos activos. “Vamos a garantizar por ley que los bienes de YPF queden para los Comodorenses NO para la municipalidad. Preguntémosle a los vecinos de comodoro si prefieren que los bienes sean cedidos por Ley a las instituciones de Comodoro que corresponden o quieren que se sean cedidas a la Municipalidad”, expresó en sus redes sociales.
En medio del debate, el vicegobernador Gustavo Menna aportó detalles sobre la dimensión económica del acuerdo alcanzado con la petrolera. Según explicó, la operación supera los 80 millones de dólares e incluye, además, una compensación ambiental de otros 25 millones de dólares.
El eje de la discusión pasa por definir quién tendrá la potestad de gestionar las tierras, edificios e instalaciones que YPF deja en Comodoro Rivadavia en el marco de su retiro de áreas convencionales. Entre los bienes hay predios ubicados en sectores estratégicos de la ciudad, oficinas, instalaciones operativas y clubes históricos que durante décadas estuvieron vinculados a la actividad de la empresa.
La controversia también se produce en un contexto de reconfiguración del negocio de YPF. La petrolera viene concentrando sus inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta y reduciendo su presencia en yacimientos convencionales, un proceso que explica la transferencia de activos a la provincia.
Mientras el Gobierno provincial sostiene que la administración debe quedar bajo una planificación integral de Chubut, desde el municipio aseguran que Comodoro Rivadavia tiene un derecho histórico sobre esos bienes por el impacto que la actividad petrolera tuvo en el desarrollo local.
La ausencia de una normativa específica que establezca el destino de este tipo de activos agrega incertidumbre al conflicto. Esa falta de reglas claras abre la puerta a distintas interpretaciones jurídicas y no se descarta que la disputa pueda trasladarse a los tribunales si no se alcanza un acuerdo político.
