La conductora presentó un escrito ante el juez federal de Lomas de Zamora luego de que trascendiera un supuesto pedido de detención. Su defensa sostuvo que siempre estuvo a disposición de la Justicia.
La defensa de Jesica Cirio presentó un escrito ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora para rechazar un eventual pedido de detención en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, expediente en el que también está involucrado su ex marido, Martín Insaurralde.
La presentación se produjo luego de que distintos medios informaran que la fiscalía habría solicitado el arresto de la conductora. Sin embargo, sus abogados, Claudio Caffarello y Nicolás Urrutia, afirmaron que hasta el momento no fueron notificados oficialmente sobre esa supuesta medida y cuestionaron que la información se conociera primero a través de publicaciones periodísticas.
En el escrito, los defensores sostuvieron que no existen los requisitos legales para ordenar la detención de Cirio y remarcaron que la modelo "siempre estuvo a derecho" desde el inicio de la investigación. En ese sentido, destacaron que mantuvo domicilio constituido durante todo el proceso, informó voluntariamente cada uno de sus viajes al exterior y regresos al país, y respondió a todas las citaciones judiciales.
Además, recordaron que recientemente fue allanado un inmueble cuya existencia, según señalaron, era conocida por el tribunal desde hacía años, por lo que descartaron cualquier conducta orientada a ocultar bienes o dificultar el avance de la investigación.
Uno de los principales argumentos de la defensa fue que no existe riesgo de fuga. Los abogados señalaron que Cirio tiene una alta exposición pública, es madre de una niña en edad escolar y atraviesa un embarazo avanzado, circunstancias que, a su criterio, vuelven "insostenible" la hipótesis de que intente abandonar el país o permanecer oculta.
También rechazaron la posibilidad de que la conductora pueda entorpecer la investigación. Según plantearon, no existe ninguna evidencia de que haya intentado influir sobre testigos y calificaron como meras conjeturas las sospechas en ese sentido. Incluso mencionaron el caso de una empleada doméstica citada a declarar el próximo 8 de julio y consideraron irrazonable exigir que la imputada deje de mantener contacto con una persona que trabaja con ella desde hace años solo por haber sido convocada por la Justicia.
En otro tramo de la presentación, la defensa subrayó que la investigación lleva tres años y que durante ese tiempo la fiscalía nunca había solicitado la declaración indagatoria de Cirio, lo que, según interpretan, demuestra que hasta ahora no existían elementos suficientes para avanzar sobre su situación procesal.
Por último, los abogados cuestionaron el valor probatorio del video difundido meses atrás y que forma parte del expediente. Recordaron que el propio Ministerio Público Fiscal solicitó pericias para determinar si las imágenes fueron editadas o manipuladas y señalaron que tampoco pudo establecerse con precisión cuándo ni dónde fueron registradas.
Asimismo, sostuvieron que un testigo declaró que la difusión del material habría ocurrido en un contexto de presunta extorsión, con el supuesto pago de 500.000 dólares a una mujer vinculada con un abogado, un episodio que, según la defensa, ya había sido denunciado por Cirio ante la Justicia en 2025.