El miércoles, el Parlamento convirtió en ley el acuerdo para el pago a los fondos buitre Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP. De este modo, se cancelaron los litigios residuales por títulos de deuda en default desde 2001. Se trata de un pequeño remanente de los dos procesos de renegociación de la deuda pública iniciados por Néstor Kirchner (2005) y continuados por Cristina (2010). Esas renegociaciones contemplaron una quita significativa del capital, una baja de los intereses y extensión de plazos.
Este saldo de deuda es un pequeñísimo porcentaje de aquel endeudamiento brutal que tenía la Argentina en el momento en que Néstor Kirchner asumía como Presidente. Por lo cual, el pago aprobado por el Congreso esta semana, si bien discutible, es una demostración de lo exitoso de aquel proceso de negociación. La Argentina nunca se negó a pagar este remanente, lo que no quería era aceptar condiciones especiales como pretendían estos fondos buitre, no ajustándose al acuerdo al que se había llegado con el 99,5% de los montos adeudados.
El oficialismo miente mucho: hablan de “deuda k”, de “la que dejó Cristina” o la que la expresidenta “no quiso pagar”. Pero los gobiernos kirchneristas no tomaron deuda externa, sólo la fueron renegociando y cancelando.
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Hoy más que nunca
Quienes sí aumentaron la deuda fueron los gobiernos de Macri y Milei. En la actualidad, como es reconocido hasta por el propio FMI, el superávit fiscal tan promocionado no sería tal sin la emisión de letras capitalizables, cuyos intereses no pasan por el cuadro de resultados, sino que directamente generan nueva deuda. Venden como un gran éxito que consiguen garantías para contraer más endeudamiento, pero la solución de la Argentina es cómo se desendeuda, no cómo se endeuda más.
En la sesión del miércoles, Diputados dio media sanción al proyecto de creación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Super-RIGI). Una iniciativa que favorecería a grandes compañías con la concesión de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, la ausencia de retenciones y la libre disponibilidad de divisas. La misma contempla inversiones superiores a los U$S 1.000 millones que desarrollen actividades en áreas estratégicas, principalmente vinculadas al extractivismo. Las garantías que estos inversores le exigen a la actual administración, y ésta concede, van a ser condicionantes graves para gobiernos de otro signo que quieran implementar en el futuro otro modelo de país.
El debate sobre el actual modelo se produce en una cancha absolutamente inclinada: el desequilibrio comunicacional a favor de quienes lo defienden y en contra de quienes lo cuestionamos es inmenso. Buena parte del sistema de medios apoya el actual proyecto, pero su intervención no queda allí: también participa, junto con otros sectores, en la permanente desacreditación de la política, instalándola como una práctica cuestionable y homogénea. Se dice todo el tiempo: “la culpa la tiene la política o los políticos”, sin detenerse en los matices o en las diferencias entre los distintos espacios. ¿Qué escucha la sociedad sobre el Parlamento? “Lo peor que hay son los diputados/as y los senadores/as”. Sin embargo, hay muchos legisladores/as que tienen actitudes firmes, dignas, que vienen defendiendo perspectivas críticas, no hacen concesiones y cumplen con el mandato que le dieron sus votantes.
El jueves, la Corte Suprema de Justicia avaló la cautelar que obliga al gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario mientras se resuelve la cuestión de fondo. Hay una conclusión importante: no son inútiles la movilización ni la resistencia. Producen resultados: a veces sucede que sólo tardan en llegar.
Quizás no sea casual que el FMI esté pidiendo la elevación de la base imponible del Impuesto a las Ganancias, es decir, extender ese impuesto a más trabajadores/as. Es probable que para cumplir con el fallo de la Corte y mantener el pseudo equilibrio fiscal que promociona, el gobierno recurra a estos gravámenes que ampliarían significativamente la cantidad de trabajadores/as alcanzados.
La solución, como siempre decimos, es persistir en la batalla cultural para aumentar la representatividad del campo nacional y popular, sus fuerzas parlamentarias y volver a ser gobierno por el camino de la revalorización de la política.
*Presidente del Partido Solidario.
