Mientras el Gobierno sostiene que redujo la carga impositiva y avanza con reformas institucionales, los datos sobre la presión fiscal, la caída de la recaudación y el debate por la independencia del Banco Central reavivan interrogantes sobre el rumbo económico y las inconsistencias del discurso oficial.
Hay una palabra que resume bastante bien el momento que atraviesa la Argentina: contradicción. El Gobierno insiste en que está reduciendo el peso del Estado y aliviando la carga tributaria. Sin embargo, la Unión Industrial Argentina sostiene exactamente lo contrario: asegura que las empresas formales pagan hoy seis puntos porcentuales más de impuestos que en 2023.
No soy un especialista en materia tributaria y, por lo tanto, no puedo decir quién tiene razón. Lo que sí puedo señalar es que existe una diferencia muy importante entre el relato oficial y los datos que aportan quienes representan a buena parte del sector productivo. Y esa contradicción se vuelve todavía más llamativa cuando se la pone en contexto. La Argentina tiene una economía donde la informalidad alcanza niveles alarmantes.
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Hoy más que nunca
Millones de personas trabajan fuera del sistema, mientras quienes producen, invierten y pagan impuestos sostienen una presión fiscal que sigue siendo extraordinariamente elevada. Al mismo tiempo, el propio Gobierno ha enviado señales ambiguas respecto del cumplimiento tributario.
El presidente Javier Milei ha definido en más de una oportunidad a los impuestos como un robo, una afirmación que puede tener un sentido filosófico dentro del pensamiento liberal, pero que resulta difícil de compatibilizar con la responsabilidad de conducir un Estado. Más aún cuando el actual jefe de Gabinete llegó a jactarse públicamente de haber evadido impuestos. No parece ser el mejor mensaje para un país que necesita ampliar la base de contribuyentes y no reducirla. Como si esto fuera poco, la recaudación cayó un 7,4% durante junio.
Es verdad que una parte de esa disminución podría explicarse por cuestiones de calendario vinculadas al Impuesto a las Ganancias. Pero también retrocedieron el IVA y los aportes a la seguridad social. Y cuando cae el IVA, normalmente hay una explicación bastante sencilla: la gente consume menos. Ese es el cuadro económico de hoy. Una inflación mucho más baja, sí; un orden fiscal mucho más consistente, también; pero una economía que todavía exhibe señales de debilidad en materia de actividad y consumo.
Ahora bien, no todo merece la misma crítica. Ayer el presidente Milei hizo un planteo sobre el Banco Central con el que, en este caso, coincido. Propuso modificar la Carta Orgánica de la entidad para devolverle un objetivo claro y eliminar una serie de funciones que fueron incorporadas durante el kirchnerismo. Vale recordar qué ocurrió en aquel momento.
Durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central, el Gobierno de Cristina Kirchner reformó la Carta Orgánica para ampliar las atribuciones del organismo. Desde entonces, además de preservar el valor de la moneda, el Banco Central pasó a tener entre sus objetivos promover el empleo, el desarrollo económico con equidad social y actuar dentro del marco de las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo.
Ese fue un cambio profundamente discutible porque afectó la independencia de la autoridad monetaria. Un banco central existe para garantizar la estabilidad monetaria, preservar el valor de la moneda y supervisar el sistema financiero. Las políticas de empleo, desarrollo o distribución del ingreso corresponden a los gobiernos elegidos democráticamente, no a una autoridad monetaria. En ese punto, el Presidente tiene razón cuando plantea la necesidad de revisar aquella reforma.
Es una discusión institucional importante y saludable. Muy distinta, por supuesto, de aquella vieja propuesta de eliminar directamente el Banco Central, una idea que nunca tuvo ninguna posibilidad de convertirse en realidad. En la misma reunión con los legisladores de La Libertad Avanza, Milei volvió a insistir con otro debate: la eliminación de las PASO.
También aquí conviene separar las convicciones de las conveniencias. Las elecciones primarias fueron creadas durante el kirchnerismo y, desde entonces, casi todos los espacios políticos las defendieron o las cuestionaron según el beneficio electoral que les ofrecían en cada momento. Nunca terminó de consolidarse un consenso institucional sobre su utilidad; siempre prevaleció el cálculo político. Y esa, precisamente, parece ser una de las enfermedades más persistentes de Argentina.
Las instituciones se modifican según la conveniencia del gobierno de turno. Se cambian las reglas electorales cuando conviene, se altera la Carta Orgánica del Banco Central cuando hace falta financiar al Tesoro y se discuten los impuestos mientras la presión fiscal continúa siendo una de las más altas para quienes permanecen dentro de la economía formal.
Ese es, quizás, el verdadero problema argentino: la dificultad para construir reglas estables que sobrevivan a los gobiernos. Porque mientras todo dependa de la conveniencia política del momento, las contradicciones seguirán siendo mucho más fuertes que las certezas.
