El titular del Ente de Fiscalización y Control compareció siete horas ante el Concejo Deliberante por el caso Wachitas, derivado del femicidio de Agostina Vega. Lo que quedó expuesto va mucho más allá de un bar.
“Hay un octavo piso de la Municipalidad de Córdoba tomado por los empleados, donde nadie puede entrar. Una cosa insólita”, lanzó Sergio Piguillén. Fue una de las certezas que el concejal radical se llevó luego de escuchar durante siete horas al titular del Ente de Fiscalización y Control comparecer ante sus pares.
Lo dijo un opositor, quizás una frase que los propios funcionarios oficialistas se muerden la boca antes de dejar trascender. Pese a ello, desde el bloque que responde al intendente Daniel Passerini fueron claros: van a actuar ante un grupo de empleados descontrolados “a fondo”.
Así lo definió Nicolás Piloni. El peronista señaló que “quienes generan estas complicaciones son parte de lo más oscuro y de sectores del municipio que no hacen lo que tienen que hacer”, y justificó que eso fue lo que originó, al inicio de la gestión, la creación del Ente de Fiscalización y Control por fuera de la estructura municipal.
“Son inspectores que no se han acogido al pase al Ente de Fiscalización y Control; muchos no pueden pasar porque son amenazados”, remarcó el oficialista. “Estos son inspectores que no están en el Ente porque no quisieron pasar. Entonces, si no van a querer pasar, van a tener que devolver la chapa y dedicarse a otra actividad. Nosotros tenemos que ir a fondo”, sentenció.
Pese a ello, justificó lo actuado por Hormaeche, quien trabaja con una estructura distinta a la deseada, y valoró que se haya sometido a un cuestionario de unas 20 preguntas por parte de los presentes. Entre ellas: ¿Cómo controla la Municipalidad de Córdoba los lugares nocturnos?, ¿Quiénes son los que inspeccionan? y ¿Qué pasa cuando esos mismos inspectores son parte del problema?
Lo que dejó la audiencia
Como mencionaron varios ediles, todas las respuestas fueron orales. Aunque esperan la documentación completa —prometida por Hormaeche—, Piguillén dijo que salió “mucho más preocupado, con muchas más dudas de las que ingresé”.
Las certezas que sí quedaron son elocuentes. El Ente tiene 50 inspectores para fiscalizar 23.000 habilitaciones en la ciudad. Cinco decibelímetros para una ciudad de un millón y medio de habitantes. Y un piso entero del Palacio Municipal —el octavo, donde funciona Habilitación de Espectáculos Públicos— al que, según se expresó, los funcionarios directamente no pueden entrar porque está tomado por empleados.
"Una cosa insólita", dijo el opositor. "Estamos hablando de un piso que está siete pisos más arriba de donde funciona el Departamento Ejecutivo, es decir, donde está el Intendente”, expresó el radical.
El conteo de la planta
El detalle sobre el personal del Ente también generó ruido. Según lo que se consignó durante la audiencia, Hormaeche Actis describió una planta compuesta por 29 empleados en comisión con chapas de inspectores, 20 funcionarios con chapas de inspectores, 20 monotributistas y 59 becarios. En ese esquema, los 50 inspectores operativos incluyen a los 20 funcionarios.
La pregunta que lanzó el opositor no quedó respondida: ¿por qué en siete años de gestión peronista en la ciudad no se llamó a concurso público para incorporar inspectores de carrera?
El presidente de la comisión, el concejal oficialista Nicolás Piloni, defendió la actuación del Ente. Sostuvo que en dos horas Hormaeche aportó documentación suficiente para desmentir lo que calificó como una operación política de la oposición. "Bastaron solamente un par de horas para que, con argumentos contundentes y con soporte documental de los expedientes, tirara por la borda esa mentira que han querido instalar desde la oposición”, señaló.
El piso de la discusión política
Piloni sí reconoció que el Ente tiene pocos inspectores. Y explicó por qué: varios de los agentes que debían pasar al organismo no lo hicieron, en algunos casos porque fueron amenazados por otros empleados municipales. Una inspectora ya radicó una denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos por intimidaciones de compañeros.
"Nosotros no podemos ser rehenes de este tipo de personas que generan un perjuicio enorme a nuestro municipio", dijo el concejal, que forma parte de la estructura política de Passerini. Anticipó que en las próximas semanas el Concejo avanzará en modificaciones a la ordenanza que regula la actividad.
Sobre las "mafias" mencionadas por Hormaeche durante la audiencia, Piloni acotó el alcance: apuntó a inspectores que salían a "recaudar" en la noche cordobesa, no a organizaciones externas. Por su parte, el Ente anunció la creación de una unidad ejecutora que convocará incluso a la Universidad y a la Policía para auditar los expedientes iniciados en los últimos dos años.
