En la Casa Rosada evalúan una iniciativa para que el jefe de los fiscales deje de tener un cargo vitalicio. La iniciativa busca facilitar futuros consensos en el Senado y cobra relevancia con la implementación del sistema acusatorio.
Mientras el Gobierno se propone continuar con la misión de cubrir las más de 300 plazas pendientes en la Justicia federal, en la Casa Rosada se comenzó a analizar la posibilidad de eliminar el carácter vitalicio del Procurador General de la Nación, un cargo clave que continúa vacante desde 2017.
En la actualidad, el puesto es ocupado de manera interina por Eduardo Casal, quien ejercía como procurador fiscal ante la Corte Suprema hasta la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Desde entonces, ningún gobierno logró reunir la mayoría calificada de dos tercios en el Senado para designar un reemplazante.
Al igual que en el caso de los jueces, se trata de un cargo vitalicio que se ejerce hasta los 75 años, un elemento que condiciona los consensos necesarios para avanzar con un nuevo nombramiento. “El sistema es muy largo, de por vida. No es bueno para la vida institucional”, argumentó un integrante de la mesa política en diálogo con TN.
En ese sentido, en el Gobierno se analiza presentar un proyecto para acotar el mandato del Procurador a dos períodos, cuya extensión todavía está por definir. La propuesta fue conversada preliminarmente con el presidente Javier Milei, que hasta el momento no se ha pronunciado públicamente al respecto. El silencio se repitió en el Ministerio de Justicia que comanda Juan Bautista Mahiques. Sin embargo, una fuente al tanto de las conversaciones manifestó su expectativa de que la iniciativa avance.
El rol clave del Procurador General de la Nación y el futuro de las vacantes en el Poder Judicial
La idea del Gobierno se asemeja a un proyecto de ley presentado anteriormente por la senadora Carolina Moisés, que planteaba reemplazar el carácter vitalicio del Procurador General por un mandato de 8 años con posibilidad de extenderlo por 4 más. Al igual que la propuesta inicial del Ejecutivo, el texto de la legisladora sostenía el requisito de mayoría calificada en el Senado para avanzar con la designación.
La preocupación en torno al lugar que -transitoriamente- ocupa Casal hace casi nueve años está relacionada con la entrada en vigencia del sistema acusatorio, que traslada del juez al fiscal la tarea de investigar los delitos. Así, el Procurador General de la Nación, como jefe de los fiscales, gana una relevancia mayor por sus facultades de supervisar y designar a los encargados de llevar adelante las causas judiciales.
Por ese motivo, las negociaciones en torno a ese cargo son uno de los puntos más sensibles en el Senado, junto a las dos vacantes en la Corte Suprema. Hasta el momento, según ratificó a Clarín el ministro de Justicia en mayo pasado, “el Presidente ha sido claro en que no considera que sea el momento” para avanzar con las designaciones.
Aún así, en caso de finalmente presentar la propuesta para reformar la Procuración General, el Gobierno daría una señal al Congreso: que está abierto a avanzar antes de que termine el primer mandato de Milei en 2027.
En el mientras tanto, el oficialismo apunta a sesionar nuevamente en el Senado en dos semanas -15 o 16 de julio- para tratar, entre otros proyectos, unos 35 pliegos de jueces, fiscales, y defensores. De tener éxito, el Gobierno logrará cubrir un centenar de las 300 vacantes que hay en la Justicia federal.
