En la Casa Rosada aseguran que el entendimiento comercial con Washington sigue vigente, pero admiten que su discusión en el Parlamento se demorará hasta que la gestión de Trump defina su esquema arancelario. El oficialismo busca avanzar con propiedad privada, pliegos judiciales, ascensos diplomáticos, Zona Fría y la reforma electoral.
El Gobierno no prevé enviar al Congreso, al menos en el corto plazo, el acuerdo comercial con Estados Unidos ni el proyecto de adhesión argentino al Consejo de la Paz que impulsa Donald Trump. En la Casa Rosada aseguran que ambas iniciativas siguen en carpeta, pero aclaran que no integran el paquete de proyectos que buscarán impulsar en la agenda legislativa inmediata. El mismo criterio alcanza al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que ya tiene dictamen, aunque tampoco figura entre las prioridades de tratamiento.
En el Ejecutivo reconocen que el acuerdo comercial con Washington sigue trabado por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la política arancelaria de Trump. En Balcarce 50 explican que no quieren remitir al Congreso un texto cuyo capítulo más sensible todavía depende de la arquitectura legal que adopte la Casa Blanca para sostener los beneficios negociados.
La principal duda pasa por el esquema arancelario. El entendimiento bilateral contemplaba ventajas para exportaciones argentinas y compromisos recíprocos de acceso a mercados, pero parte de esa estructura quedó condicionada por el fallo del máximo tribunal estadounidense, que limitó las facultades del Ejecutivo norteamericano para imponer o modificar aranceles bajo determinados fundamentos legales.
En Nación insisten en que el acuerdo político con Estados Unidos sigue en pie y que el vínculo con la administración Trump continúa siendo una prioridad de política exterior. Sin embargo, admiten que el trámite parlamentario deberá esperar hasta que Washington termine de definir el instrumento normativo que usará para implementar su parte del compromiso.
El Gobierno ya había decidido aplicar algunos capítulos del acuerdo sin pasar por el Congreso. Se trata de medidas vinculadas con barreras no arancelarias, reconocimiento de certificaciones técnicas y sanitarias, simplificación de trámites y adecuaciones regulatorias que pueden instrumentarse por decretos, resoluciones ministeriales o disposiciones de organismos de control.
El límite está en los compromisos estructurales. Los capítulos arancelarios, los tratados internacionales asociados y los cambios en materia de propiedad intelectual requieren aprobación legislativa. Por eso, en Nación reconocen que el envío formal del acuerdo perdió urgencia dentro del calendario parlamentario del corto plazo.
El mismo criterio aplica para el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido como PCT. La iniciativa ya está en el Congreso y cuenta con dictamen, pero en el Ejecutivo admiten que no está dentro de la agenda inmediata de tratamiento. El tema forma parte de los compromisos vinculados al capítulo de propiedad intelectual del entendimiento con Estados Unidos, uno de los puntos más sensibles para sectores productivos y legisladores dialoguistas.
La adhesión al Consejo de la Paz también quedó postergada. En la Casa Rosada reconocen que, a diferencia de otros tratados o acuerdos con impacto económico directo, esa ratificación no genera responsabilidades inmediatas ni obligaciones concretas que deban asumirse en el corto plazo. Por eso, no aparece entre los proyectos que la mesa política prevé acelerar.
Milei respaldó el Consejo de la Paz durante su participación en Washington y destacó que la Argentina estaba lista para contribuir con Cascos Blancos y su experiencia en operaciones de paz. Pero en el Gobierno interpretan que esa señal política no obliga a apurar el tratamiento legislativo mientras no haya compromisos operativos o financieros inmediatos.
La decisión marca un cambio de ritmo respecto de los planes iniciales. A comienzos de año, en el Ejecutivo evaluaban enviar al Congreso tanto el acuerdo comercial con Estados Unidos como la ratificación de la adhesión al Consejo de la Paz. Ahora, el reordenamiento interno tras la salida de Manuel Adorni y el ascenso de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete llevó a priorizar proyectos con impacto legislativo más urgente.
La agenda inmediata estará enfocada en el Senado. El oficialismo busca avanzar con propiedad privada, pliegos judiciales, ascensos diplomáticos, Zona Fría y la reforma electoral, que el Gobierno quiere llevar a media sanción en agosto. En paralelo, la Casa Rosada prepara la próxima reunión de la mesa política, encabezada por Karina Milei, para ordenar el calendario parlamentario.
En ese esquema, los temas vinculados a Estados Unidos quedarán en espera. En Balcarce 50 quieren preservar la señal política hacia Washington, pero evitar un desgaste legislativo innecesario antes de tener certezas sobre el formato final del acuerdo comercial, el alcance del PCT y las eventuales obligaciones de la adhesión al Consejo de la Paz.
