- En la audiencia de este jueves declararon otros dos exfuncionarios de AFIP y corroboraron extracciones millonarias en dólares por parte de las empresas acusadas.
- Sus dichos coinciden con la confesión del financista Ernesto Clarens.
El comportamiento financiero de las compañías acusadas de haber pagado sobornos a la administración kirchnerista para garantizarse contratos, concesiones, obras y subsidios es una de las líneas de interrogación impulsada por la fiscalía en el marco del juicio por los Cuadernos de las Coimas. Este jueves, los últimos ex funcionarios del ARCA hablaron sobre retiros millonarios en efectivo y en dólares, comportamientos “llamativos” y el uso de una planilla central para entrecruzar los datos: la que entregó el financista Ernesto Clarens con el detalle de las firmas, fechas, y montos comprometidos. Los testigos volvieron a hablar de movimientos de fondos sin justificación y el uso de facturas apócrifas.
La fiscal Fabiana León busca reconstruir el circuito de fondos ilegales que las empresas involucradas en este expediente utilizaron para concretar el pago de coimas a ex integrantes del Ministerio de Planificación Federal desde 2003 y 2015, supuestamente por orden de Cristina Kirchner, señalada como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de sobornos.
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, escuchó a dos testigos que integraron la AFIP en el período en que se instruyó el caso Cuadernos, en 2018 y 2019. En ese momento se pidió al organismo recaudador la fiscalización de un grupo de empresas y el análisis sobre posibles “movimientos financieros espurios”.
El listado de empresas involucradas en los sobornos arroja algunos valores. Si se tiene en cuenta el detalle del dictamen acusador de la UIF, 17 empresas señaladas de haber pagado sobornos fueron adjudicatarias de 355 obras durante los doce años de gestión kirchnerista. Todo representó una erogación de 37.171.270.998,64 pesos.
Un rol clave fue el que desempeñó el financista K Ernesto Clarens. Era quien recibía directamente los pagos provenientes de empresas del rubro de la construcción vial, siendo el único encargado de cambiar las divisas y de realizar las tratativas necesarias para poder girarlos luego a los destinatarios finales.
El listado que él confeccionó y entregó a la justicia cuando se convirtió en imputado colaborador, fue determinante para el trabajo de la ex AFIP.
Horacio Castagnola, entonces director de la DGI, contó ante el Tribunal que recibían oficios judiciales de “todo tipo”, y recordó un grupo de empresas sobre las cuales recibió pedidos de la justicia.
Ante la consulta sobre algunas de las empresas observadas durante su gestión, recordó a “Isolux-Corsán porque estaba ahí Carlos Lascurain, una persona conocida. Otro caso fue el de IECSA: todo el mundo sabía que su dueño, Angelo Calcaterra, era primo hermano del presidente (Mauricio Macri)”.
Isolux es la firma de origen español fue la adjudicataria para la construcción de la Usina de Río Turbio que nunca se concluyó. En la audiencia anterior, un ex funcionario de ARCA recordó la utilización de facturas apócrifas por parte de esa compañía. Este jueves, Castagnola corroboró dicha práctica.
La determinación de posibles “financiamientos espurios”, versaba el oficio firmado por el juez Claudio Bonadio en 2018. Y se adjuntaba un listado de empresas investigadas como parte del circuito de sobornos.
Sobre esa expresión le formuló una pregunta el abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner. Le consultó a Castagnola si era habitual que les pidan determinar “financiamientos espurios”. El testigo indicó que “no con esa denominación, pero lo que se trataba de investigar en muchos casos era la existencia de facturas apócrifas o salidas de dinero no documentadas. Implícitamente está diciendo que eso generó un costo adicional falso y una salida de dinero de la que se pierde la trazabilidad. Se pagó algo y el que lo recibió no prestó el servicio, ese dinero se evapora”.
Cuando se le preguntó sobre si se confirmó la existencia de esos financiamientos apócrifos, Castagnola expresó: “se lo denominó facturas falsas y apócrifas, no me acuerdo en qué casos pero sí hubo salidas no documentadas”.
El testigo explicó que una línea de trabajo central era determinar si el servicio consignado en las facturas se había prestado o no. Y relató que en la entonces AFIP había una base de empresas calificadas como apócrifas.
En ese momento, la fiscal le preguntó sobre una salida de fondos de una empresa que haya podido tener como destino final Andorra: “el caso de la UTE Odebrecht-Ghela (adjudicataria de la construcción del soterramiento del tren Sarmiento), denunciado por el área de Grandes Contribuyentes Nacionales”. En esa Unión de Empresas participaba IECSA.
El testigo asintió, y recordó que el dinero “fue primero a un Banco de acá y de ahí a la banca de Andorra por 4,2 millones de dólares. Lo recuerdo por la vinculación informal con el presidente Macri, al aparecer el nombre Calcaterra se estaba perjudicando al Presidente”.
El contador declaró que “en ese caso se cuestionaba que había varias facturas de un servicio que no se había prestado. Esa misma sociedad -trucha- había sido utilizada por Odebrecht en otros países, para generar salidas espurias, o dinero sin una contraprestación”.
Después, recordó que había un comportamiento que nucleaba a varias de las empresas incluidas en el listado del juzgado, algo que denominó como “casos notables de salidas de dinero”, sin la correspondiente justificación.
Diana Guterman fue la segunda testigo del día. Durante su exposición ratificó que desde el juzgado federal de Bonadio se le pidió información sobre determinadas empresas: “circularizábamos a las entidades bancarias que habían operado con determinadas empresas, buscando todos los movimientos de esas compañía con esas entidades”.
En ese marco añadió que el juzgado había enviado un listado de operaciones realizadas en ciertos períodos, “entonces hicimos un rastreo en las bases de AFIP respecto de las entidades que habían operado, antes y después de esas fechas, y se les cursó un requerimiento. Se informaba al juzgado quiénes habían respondido y quiénes no”.
Se trataba en esencia, de movimientos de fondos que Ernesto Clarens había volcado a una planilla incluida en su confesión como arrepentido. La ex AFIP constató esas fechas con extracciones de dinero, movimientos calificados como sospechosos, como así también con asientos contables referidos a servicios que no se prestaron. Para eso se utilizaron las facturas apócrifas.
El circuito del financista K
En su confesión, Clarens manifestó: “las personas de la Camarita -las firmas de construcción vial- me dejaban una suma en pesos con una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto. El monto dependía de la recaudación, eran alrededor de 300.000 dólares por cada entrega y con frecuencia semanal”.
En los casos de contrataciones que incluían anticipos financieros, la recaudación ilícita de dinero proveniente de las obras viales coordinadas por la Dirección Nacional de Vialidad a entregar a los funcionarios públicos correspondía a un porcentaje del monto ofertado por la obra. En general, entre un 3% y 20%.
Para las contrataciones en que no se abonaban anticipos, se establecían montos equivalentes a una determinada cantidad de certificados de obra. Clarens lo contó así: “los primeros retornos que ocurrieron durante el año 2003-2005 se pagaban en la Camarita, los cobraban ellos. Las personas de la Camarita me dejaban una suma en pesos con una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto".
La cantidad de dinero, es decir el anticipo financiero de la obra que se debía pagar, se entregaba de a uno, dos o tres pagos al funcionario que recaudaba. “El anticipo financiero se iba todo al funcionario. El IVA que quedaba retenido, y que correspondía pagar a la AFIP a los 30 y 60 días, se iba utilizando para iniciar la obra", consta en la acusación.
El financista estimó que el caudal de dinero que circuló por este circuito de recaudación “bien pudo llegar a los 30 millones de dólares”.
