El texto de la Carta Magna que establece la posibilidad de interpelar para destituir al jefe de Gabinete siempre desató debates sobre su aplicación. Bullrich pegó un volantazo y se contradijo. La semana pasada coincidió en la interpretación con el peronismo. Ahora acordó que hace falta un dictamen previo antes de llegar al recinto. Caso contrario, dos tercios de los presentes. Porotos, trastienda, antecedentes y datos.
La desautorización deManuel Adorni a Patricia Bullrich finalmente le acortó los tiempos en el Senado para ser interpelado, pero no tanto. La jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta anunció este miércoles que había dado de baja el informe del jefe de Gabinete que habían previsto para el 2 de julio. La exministra lo dijo después de salir de la reunión de Labor Parlamentaria, donde se organizó con los demás bloques el temario de la sesión de este jueves. Después de sus declaraciones, el ministro coordinador tuitéo todo lo contrario y les complicó otra vez el escenario.
“Estoy a disposición para presentarme el 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional”. El mensaje desautorizó a Bullrich, que venía de anular la comparecencia, pero también de contradecirse sobre la forma de interpretar la aplicación del artículo 101, uno de los textos de la Carta Magna que desata debates, tensiones y correlaciones de fuerzas desde que fue redactado por la reforma constitucional de 1994.
La reacción de Adorni aumentó el deterioro del vínculo con la senadora. Para argumentar la baja del informe de gestión ella le explicó que nadie lo iba a escuchar en el informe y que el objetivo de la oposición era interpelarlo. De hecho, el jefe de la bancada de UxP, José Mayans, había advertido que no presentarían ninguna pregunta porque consideraban que lo único que podía contestar el funcionario, eran las preguntas de una interpelación con posible moción de censura. Este jueves serán protagonistas de un duro debate reglamentario con el oficialismo, donde le recordarán a Bullrich que se contradijo y que, hasta la semana pasada, coincidía con ellos.
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Hoy más que nunca
La petulancia que le adjudican al jefe de Gabinete en su interna con Bullrich le jugó en contra, porque la respuesta a su tuit no sólo fue el gesto amargo de la senadora, sino un nuevo pedido del PRO para interpelarlo, tal como había sostenido el misionero Martín Goerling. Fue el primero en pedir, hace un mes, que Adorni asistiera. Luego reclamó su comparecencia la semana pasada y este miércoles, en diálogo con Modo Fontevecchia, anticipó una nueva solicitud. "Yo mañana voy a pedir que se vote por dos tercios la interpelación al ministro jefe de gabinete", advirtió el senador y confirmó que Adorni estropeó el vínculo con los aliados para la sesión de este jueves.
Las batallas por el artículo 101
Entre todos los cambios que implementó la reforma constitucional de 1994, la creación de la jefatura de Gabinete es uno de los más importantes. El ministro coordinador tiene en sus manos la administración del gobierno, pone la firma en el manejo del presupuesto más importante del Gobierno y, a diferencia de los ministros, no sólo está a tiro de la decisión del Presidente y de un juicio político promovido por el Congreso, sino también por la posibilidad de ser “interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura”, es decir, interrogado por senadores o diputados con la posibilidad de que decidan removerlo del cargo.
Es el punto más duro de un artículo que, en su particular y ambigua redacción, también incluye la obligación de brindar informes de gestión una vez por mes a una de las dos cámaras. Su formulación es materia de interpretaciones hace 32 años: “El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”, sentencia este texto que conecta a la vida del ministro coordinador con el escrutinio y control directo del Congreso.
La pregunta en estas tres décadas ha sido cómo aplicarlo dentro de las dos cámaras. Para una parte de los constitucionalistas se trata de un artículo operativo, que no requiere un dictamen previo de comisión para llegar al recinto, tal como sucede con los proyectos de ley o de resolución. El detalle no es menor, porque el artículo 101 sostiene que se puede aprobar esa instancia con mayoría absoluta, es decir con 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.
Los antecedentes que llevaron a Patricia a contradecirse
Hasta la semana pasada Bullrich suscribía la lectura del artículo operativo, sin dictamen mediante, ni comisión, tal como sostenía el interbloque que lidera Mayans. Antes de la desautorización de Adorni, la senadora dio marcha atrás en sus pasos y aceptó que antes de llegar al recinto, una iniciativa de interpelación con moción de censura primero requería ser tratada en comisión, recibir dictamen y luego quedar a disposición del pleno, como el procedimiento legislativo regular. La contradicción entre una semana y la otra le puede traer costos políticos a Bullrich, pero refleja una controversia que cruza al Congreso desde 1994 y que fue cerrada por el Senado ese mismo miércoles, pero antes del tuit desafortunado.
Ante las consultas de Perfil, en la Dirección de Información Parlamentaria del Congreso, explicaron que hasta ahora, desde la vigencia de la reforma constitucional, “ninguno de esos pedidos ha culminado con la aprobación de una moción de censura ni con la remoción de un Jefe de Gabinete en los términos previstos por dicho articulo”. También detallaron que “ni el Reglamento de la Cámara de Diputados, ni el Reglamento del Senado contienen disposiciones específicas que regulen el procedimiento de interpelación para el tratamiento de una moción de censura o su eventual aprobación. Precisamente, esta ausencia de reglamentación ha sido destacada por diversos autores y ha motivado la presentación de proyectos destinados a regular el instituto”.
Hubo 4 iniciativas para regular la aplicación de la interpelación con moción de censura y ninguno prosperó hasta ahora. Tampoco avanzó el medio centenar de proyectos presentados en estas tres décadas en las dos cámaras, pero todos comparten una coincidencia: fueron tratados en comisión antes de intentar llegar al recinto. Si no tenían dictamen entonces requerían dos tercios. Es lo que precisamente se acordó en la reunión el miércoles. La ausencia de una reglamentación definida dejó un hueco que, al calor de la crisis por Adorni, fue cubierto con el acuerdo de labor parlamentaria del miércoles.
La barrera defensiva de los dos tercios
“Conforme los antecedentes, siempre que se presentaron interpelaciones al jefe de Gabinete se realizaron como proyectos de resolución y fueron girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales”, sostiene el decisión. En el Senado eso incluye una semana entre el dictamen y la llegada al recinto. En Diputados puede ser de inmediato, sin siete días de espera. Tras la aclaración, en la reunión decidieron aclarar que “ante la falta de dictamen de comisión, el tratamiento del proyecto de resolución en el recinto solo podrá habilitarse mediante una moción de sobre tablas aprobada por las dos terceras partes de los votos emitidos”.
Además, detallaron que “esta mayoría reglamentaria de habilitación opera de forma autónoma e independiente respecto de la mayoría constitucional exigida por el artículo 101 de la Constitución para la votación de la interpelación en sí misma, la cual requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Senado”. Por esa razón Goerling dijo que pedía la interpelación, aunque tuviera que buscar los dos tercios.
Porotos que se juntan y no alcanzan, hasta ahora
Con los errores no forzados del Gobierno, el malestar opositor puede arrastrar voluntades aliadas que podrían arañar los 48 votos. No es fácil: son 11 más que los 37 de la mayoría absoluta.
Los desconfiados creen que el senador del PRO, que integra una bancada de tres, lanzó esta iniciativa porque sabe que no llegarán a los dos tercios y que de este modo no pone en riesgo la decisión de Mauricio Macri de no votar con el peronismo la destitución de Adorni, pero forzar al presidente Javier Milei a echarlo.
El interbloque de Mayans tiene 25 escaños. Para interpelar a Adorni, esos 25 podrían sumar seis de los 10 integrantes de la UCR y tres del peronismo no kirchnerista reunido en Convicción Federal. A esos 34, la salteña Flavia Royón podría sumarse junto a los dos representantes que responden al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Hasta ahí la sumatoria llega a 37 y se proyecta a 38 si suma uno de los dos representantes del Frente de la Concordia. Desde ese punto empieza la carrera de 10 votos más para llegar a los 48.
En el bloque libertario, que tiene 21 voluntades, tanto el Luis Juez como Francisco Paoltroni ya pegaron el grito en el cielo contra Adorni, pero resta saber si se animan a votar en su contra. Lo mismo sucede con los dos escaños de Provincias Unidas: Alejandra Vigo y Carlos "Camau" Espínola y Alejandra Vigo. A esos hipotéticos 42 se enfrentará el oficialismo, enfocado en conseguir un tercio que impida una ofensiva opositora.
