El presidente del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de Córdoba, Lucas Péndola, cuestionó el proyecto que impulsa el Gobierno nacional para eliminar la colegiación obligatoria.
El proyecto que impulsa el Gobierno nacional para avanzar sobre los colegios profesionales encendió la alarma en el sector inmobiliario. Desde Córdoba, el presidente del Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios, Lucas Péndola, cuestionó la iniciativa.
"Cuando se habla de desregulación del mercado inmobiliario, el proyecto nace con una hipótesis falsa, porque nuestro mercado ya está desregulado", afirmó durante una entrevista radial.
Según explicó, actualmente dos personas pueden concretar operaciones de compraventa, alquiler o permuta sin la intervención obligatoria de un corredor inmobiliario. "Dos ciudadanos pueden llevar adelante una operación inmobiliaria sin un corredor inmobiliario. Por eso decimos que hablar de desregulación parte de un error conceptual".
"Los colegios profesionales son un resguardo para la ciudadanía, no para los profesionales", afirmó. Explicó que cualquier persona que considere haber sido perjudicada por una mala praxis puede presentar una denuncia ante la entidad.
"Si realizo una mala praxis, cualquier ciudadano puede ir al colegio, denunciarme y el colegio puede sancionarme, suspenderme o quitarme la matrícula", señaló.
"Los colegios profesionales son facultades no delegadas de los gobiernos provinciales, por lo cual esa decisión debería tomarla cada provincia y no el Gobierno nacional", argumentó.
Temor por el impacto en los consumidores
"Si cualquier persona puede ejercer el corretaje inmobiliario, sin idoneidad ni profesionalismo, se abre la puerta a las estafas inmobiliarias", advirtió.
Para el dirigente, la confianza es uno de los principales activos del mercado. "La confianza es fundamental en el corretaje inmobiliario. Es sinónimo de transparencia y juega un rol central en cualquier operación", afirmó.
Péndola aseguró que la eliminación de los mecanismos de control podría generar una mayor vulnerabilidad para quienes compran, venden o alquilan propiedades. "Va a aparecer gente con intenciones maliciosas que va a intentar concretar operaciones inmobiliarias y la población puede quedar en una situación de vulnerabilidad", sostuvo.
"Estamos evaluando y trabajando con nuestro cuerpo de legales en la defensa que corresponde si esta medida llega a avanzar", indicó.
