Desde las casas de estudio sostuvieron que la cautelar obliga al Gobierno a actualizar entre un 25% y un 30% los salarios docentes y no docentes. La cifra se suma al 24,3% acordado a principios de este mes.
El titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, celebró este jueves el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la cautelar presentada por las casas de estudio para exigir el cumplimiento de dos puntos clave de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Es muy importante no solo para la comunidad universitaria del país, sino para las instituciones de la Nación esto que acaba de suceder. Y pone en evidencia lo relevante que es ser consecuentes en el camino, firmes, responsables, serios, para defender algo que tanto bien le hace a la Argentina”, enfatizó Bartolacci a través de un video en sus redes sociales.
Y agregó: “Mi agradecimiento a la comunidad universitaria, a la sociedad en su conjunto que nos sotuvo hasta acá, y la convocatoria a seguir. Es un paso más, no llegamos a ningún lado. A seguir trabajando por la universidad que queremos”.
El fallo del máximo tribunal obliga al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario que giraban alrededor de la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles. Según explicaron a TN autoridades universitarias, la norma establece un aumento salarial de entre un 25% y 30%.
El acuerdo previo al fallo y la disputa judicial que continúa
La cifra se suma al 24,3% que el Gobierno ya había acordado con las universidades a inicios de junio, lo cual elevaría la actualización total alrededor del 50%. A su vez, el Ejecutivo había dispuesto un incremento del 20% los gastos de funcionamiento y ampliar las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000.
Sin embargo, el fallo de la Corte no resolvió el reclamo de fondo sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento, sino que únicamente pidió aplicar la cautelar mientras avanza el proceso judicial. Allí, es la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal quien debe determinar si habilita el reclamo completo de las casas de estudio por la aplicación de la ley o no.
El Gobierno, por su parte, había congelado la ejecución de la norma con el argumento de que esta no disponía de dónde sacar los fondos para instrumentarla. Según la Casa Rosada, el proyecto implicaba un impacto fiscal estimado en unos $2,5 billones de pesos, una cifra que consideraban “impagable”.
En ese contexto, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, festejó la decisión del máximo tribunal y sostuvo que el Poder Ejecutivo debe cumplir la ley. “Fue un camino largo y difícil. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena”, subrayó.
Por su parte, el senador radical Maximiliano Abad consideró que “el fallo es un paso importante” y le reclamó al Estado que “gire los fondos para salarios, becas y funcionamiento de las universidades públicas”.
