Casación admitió un recurso de la fiscalía en contra de la sentencia que revocó los procesamientos de Jorge Castillo y otras personas acusadas de lavado de dinero en la megaferia de Lomas de Zamora.
La Cámara Federal de Casación decidirá revisar el fallo que ordenó la liberación de Jorge Omar Castillo, conocido como el “Rey de la Salada”, y de un grupo de familiares y colaboradores acusados de lavado de dinero y asociación ilícita en la megaferia unicada en Lomas de Zamora.
La decisión de los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky se adoptó tras admitir un recurso de la fiscalía contra la resolución de la Cámara Federal de La Plata que había revocado los procesamientos y ordenó la inmediata libertad de los imputados.
En abril de este año, los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias de la Cámara platense habían dejado sin efecto los procesamientos con prisión preventiva dictados en julio de 2025 por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella.
El tribunal consideró que la investigación carecía de “autonomía suficiente” y que el procesamiento resultaba “prematuro”. En consecuencia, ordenó la excarcelación de Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa y una veintena de personas vinculadas a las ferias Punta Mogote, Mogote Factory y Olimpo, y dejó sin efecto los embargos millonarios sobre sus patrimonios.
La acusación en contra de Castillo y el resto de los involucrados
La fiscalía a cargo de Cecilia Incardona había sostenido que en La Salada operaban dos estructuras criminales estables. Una de ellas, liderada por Castillo, Presa y Corrillo Torrez, se dedicaba a la explotación comercial de las ferias mencionadas.
La otra, encabezada por Enrique Esteban Antequera, regenteaba la feria Urkupiña. Según la acusación, ambas organizaciones se dedicaban a la venta masiva de productos con marcas falsificadas, a la evasión tributaria sistemática y al lavado de los fondos obtenidos de manera ilícita.
La fiscalía había informado que solo en las cuentas de Punta Mogote S.C.A. ingresaron más de 26.000 millones de pesos entre 2021 y 2025, recursos que habrían sido utilizados para adquirir inmuebles de lujo, estancias y vehículos de alta gama.
La Cámara de La Plata cuestionó con dureza la solidez probatoria de la investigación de primera instancia y concluyó que no existían elementos suficientes para sostener los procesamientos por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictual. Esa decisión generó la inmediata libertad de los detenidos y el levantamiento de las medidas cautelares patrimoniales.
Ahora, Casación analizará si corresponde mantener la falta de mérito dispuesta por sus colegas platenses o si, por el contrario, la causa debe continuar su curso con los procesamientos vigentes. El recurso de la fiscalía Incardona fue admitido y la revisión está en trámite.
