El testimonio de la exdiputada fue reclamado por la defensa de Laudelina Peña, en procura de incorporar en el debate oral una supuesta conversación entre la testigo y el por entonces gobernador correntino Gustavo Valdés
ROSARIO.- El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este miércoles un capítulo que pocos esperaban en la agenda de la jornada: la decisión del Tribunal Oral Federal de Corrientes de citar a Elisa Carrió a declarar como testigo.
La resolución, adoptada a pedido de Mónica Chirivin, la defensora de Laudelina Peña, reabre un capítulo que parecía cerrado, ya que la exdiputada había sido descartada como testigo en la etapa previa al debate, cuando los jueces rechazaron una nómina de 19 personas propuestas por las partes por considerar que sus testimonios se basaban en referencias condicionales y no en hechos percibidos de manera directa sobre los ocurrido con el menor, que tenía cinco años en el momento de su desaparición, el 13 de junio de 2024.
El cambio de criterio tiene un motivo puntual. La citación se produjo porque Carrió afirmó, después de conocerse un tuit del exgobernador de Corrientes Gustavo Valdés, que había tomado contacto con el mandatario y que este le habría dicho: “A alguien había que quebrar”, en referencia a Laudelina.
Esa frase, atribuida a quien gobernó la provincia hasta hace poco es interpretada por la defensa de la principal acusada como un indicio de presión política sobre el curso de la causa. Para la defensora Chirivin, si Carrió puede dar cuenta de ese diálogo con Valdés, su testimonio podría aportar elementos sobre eventuales direccionamientos extrajudiciales en una causa que desde el inicio estuvo bajo enorme exposición mediática y política.
La novedad se conoció durante la tercera audiencia del debate, que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de la ciudad de Corrientes, luego de un cuarto intermedio de 72 horas dispuesto la semana pasada para que la nueva defensa de Esteban Rossi Colombo —uno de los 17 imputados— pudiera interiorizarse en el expediente.
La sesión de este miércoles había generado expectativa por la posible declaración de Laudelina Peña, considerada por la fiscalía federal como una de las figuras centrales tanto en la sustracción y ocultamiento del niño como en las maniobras posteriores para desviar la pesquisa.
Sin embargo, al ser consultada formalmente por el presidente del tribunal, Fermín Ceroleni, sobre si haría uso de su derecho a declarar, la mujer optó por rechazar esa posibilidad, en una decisión que sorprendió porque su propia defensa había anticipado que expondría su versión de los hechos y que estaría dispuesta a responder preguntas durante el debate.
Laudelina, tía del menor desaparecido, ya había ampliado su indagatoria en dos oportunidades durante la instrucción, ambas en julio de 2024, y ahora optó por el silencio en esta instancia del juicio oral. Entre quienes siguen de cerca el proceso se especula con que pueda declarar más adelante, posiblemente una vez que la fiscalía y las querellas avancen con buena parte de la prueba.
La audiencia de este miércoles estuvo marcada, además, por una sucesión de planteos procesales que terminaron empantanando el desarrollo. Las defensas de varios de los 17 imputados presentaron pedidos de nulidad sobre la acusación fiscal, argumentando que esta no cumplía con la exigencia de establecer una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, los roles y los tiempos atribuidos a cada acusado.
Según los abogados defensores, esa indeterminación les impedía ejercer una defensa adecuada. La fiscalía rechazó el planteo y sostuvo que el auto de elevación a juicio, donde están contenidos los elementos cuestionados, ya había sido avalado en instancias anteriores, y que la descripción de roles y funciones de cada imputado fue realizada con el nivel probatorio exigido para esta etapa del proceso. Ante la cantidad de nulidades pendientes de resolución, el tribunal dispuso un cuarto intermedio por tiempo indefinido, sin hora establecida para la reanudación.
En el mismo tramo de la jornada, las defensas solicitaron además la libertad de varios de los acusados, entre ellos Nicolás Soria, conocido como El Yanqui o El americano, uno de los diez imputados de la causa paralela por encubrimiento y entorpecimiento de la investigación. El Ministerio Público Fiscal respondió que ese punto ya había sido evaluado y resuelto en una instancia previa, que ratificó la jurisdicción federal del caso.
El apodo de Soria remite al momento de su detención, cuando se negó a identificarse, afirmó ser agente de Interpol y exhibió como credencial una licencia de conducir del estado de Florida, mientras gritaba que el episodio “iba a traer conflicto con los Estados Unidos” y que se “iba a armar una guerra”. Aseguró ser empresario norteamericano y haber ofrecido dinero a cambio de información sobre Loan. La fiscalía, sin embargo, presentó testimonios que lo vinculan al suministro y consumo de droga, y aunque se presentó como residente en los EE.UU., su domicilio real está en Wilde, partido de Avellaneda. La embajada norteamericana ya había aclarado que Soria no tiene ningún vínculo con organismos de su gobierno.
El proceso por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, lleva adelante el juzgamiento de 17 personas: siete acusadas por la sustracción y ocultamiento del niño —entre ellas Laudelina Peña, su esposo Antonio Benítez, el excomisario Walter Maciel, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el capitán de navío retirado Carlos Pérez— y otras diez imputadas por encubrimiento y entorpecimiento de la investigación, vinculadas a la denominada “banda del hotel” o Fundación Dupuy.
Con más de 160 testigos convocados y un esquema de audiencias que se extenderá los miércoles y jueves de cada semana, en los tribunales correntinos calculan que el debate podría prolongarse durante al menos seis meses, en función de la cantidad de declaraciones, los planteos de las defensas y la extensión de las indagatorias.
Afuera del recinto, el grupo de “Madres Corajudas” volvió a manifestarse frente a los imputados, reclamando que digan la verdad sobre lo ocurrido con el niño, mientras las medidas de seguridad se mantienen extremas debido a las tensiones internas entre los propios acusados durante los traslados.
