En la Casa Rosada aseguran que los costos actuales se mantendrán al menos hasta agosto y que luego se notará una importante caída en los surtidores. El dato es clave para la expectativa oficial de que el IPC de septiembre se acerque lo más posible a cero.
El Gobierno proyecta una fuerte baja de la nafta para antes de la primavera y apuesta a que ese movimiento ayude a profundizar la desaceleración de la inflación. En la Casa Rosada aseguran que los actuales valores de los combustibles se mantendrán por otro mes y medio a dos meses para que las petroleras recuperen parte de lo perdido por desacoplar en parte los precios internos de los valores internacionales. Una vez completado ese proceso, las naftas pueden retroceder cerca del 17%.
La expectativa oficial es que la baja de los combustibles funcione como uno de los pilares de una desaceleración acelerada en el índice de precios. En Balcarce 50 se entusiasman con que la inflación pueda acercarse a cero en septiembre, aunque admiten que el resultado dependerá también del dólar, el petróleo, los impuestos y el resto de los precios regulados.
“Con esta baja, tenemos la expectativa de acercarnos a la inflación cero y de que se cumpla lo que dijo Milei”, expresan en el Ejecutivo.
Las fuentes consultadas plantean ese escenario como una apuesta, no como una garantía: creen que una reducción nominal de los combustibles puede ayudar a cortar la inercia inflacionaria, pero saben que el dato final dependerá de otras variables sensibles de la economía.
La nafta súper en CABA pasó de $1609 en febrero a $1999 en marzo promedio, una suba de 24,2%. La premium saltó en ese lapso de $1845 a $2207, un aumento de 19,6%, según los valores que publica el sitio especializado Surtidores.
En julio, la súper se ubicaba en $2047 y la premium en $2244, por lo que una baja del 17% llevaría esos valores a unos $1699 y $1863, respectivamente.
Eso implica que la reducción proyectada no volvería exactamente a los precios de febrero en todos los casos, pero sí recortaría buena parte del salto que se produjo en marzo en plena escalada del precio del crudo por la guerra entre EE.UU. e Irán.
En el caso de la premium, la baja la dejaría casi en el nivel previo al aumento de marzo. En la súper, quedaría todavía por encima de febrero, aunque bastante por debajo de los valores actuales.
El cálculo oficial parte del esquema que YPF y el resto de las petroleras aplicaron tras la suba del petróleo por el conflicto en Medio Oriente. La compañía implementó un mecanismo de buffer para evitar trasladar toda la suba internacional del crudo a los surtidores, lo que permitió estabilizar los precios locales a princiios de abril.
Con el retroceso en el valor del petróleo Brent hacia niveles cercanos a los de febrero, el Gobierno cree que se abre margen para una corrección a la baja en los surtidores locales. Pero esa reducción no sería inmediata: primero, las petroleras buscarán recomponer parte del margen resignado durante los meses en los que vendieron por debajo de la paridad de importación.
En el Ejecutivo sostienen que el precio quedará estable durante otros 45 o 60 días y que recién después se aplicaría la baja. La expectativa es que, si el petróleo se mantiene en niveles más bajos y no hay un salto del dólar, el ajuste pueda trasladarse a los surtidores para principios de septiembre.
El Gobierno también viene administrando el impuesto a los combustibles para evitar un impacto mayor sobre los precios. Esta semana aplicó solo una suba parcial de los tributos, de alrededor del 1%, y volvió a postergar el grueso del ajuste pendiente. Esa decisión forma parte de la misma estrategia: evitar que los combustibles vuelvan a empujar al alza al IPC en los próximos meses.
El punto sensible es que todavía existe un remanente impositivo acumulado que el Ejecutivo viene difiriendo desde 2024, todo 2025 y parte de 2026. Si Economía decidiera aplicarlo de manera plena en agosto, podría neutralizar parte del margen para bajar los precios. Por eso, en el sector energético miran de cerca cómo se administrará ese calendario tributario.
La nafta tiene un peso político y económico mayor al de su incidencia directa en el índice. Su precio impacta en las expectativas, en la logística, en los costos de transporte y en la percepción cotidiana de los consumidores. Por eso, en la Casa Rosada la consideran una variable clave para intentar quebrar la inercia inflacionaria.
El Gobierno viene de proyectar una inflación de junio por debajo del 2%, luego del 2,1% de mayo y del pico de 3,4% de marzo, que estuvo atravesado por el salto de los combustibles. En el Ejecutivo creen que, si julio y agosto mantienen la tendencia, una baja de la nafta podría convertirse en el dato que empuje el IPC hacia niveles mínimos en septiembre.
El informe de avance del Presupuesto 2027 también va en esa dirección: el Ejecutivo anticipó una “desaceleración significativa de la inflación”, junto con superávit fiscal, reducción de impuestos y recuperación del ingreso real. La estrategia de los combustibles aparece como una pieza más de ese objetivo macroeconómico.
La apuesta, sin embargo, tiene condiciones. Un nuevo salto del petróleo, una suba fuerte del dólar o una aplicación plena del impuesto a los combustibles podrían limitar el efecto esperado. También pueden influir otros precios regulados, alimentos, turismo de invierno y tarifas de servicios públicos.
En la Casa Rosada buscan instalar que la baja de la inflación no dependerá sólo de la política monetaria, sino también de decisiones puntuales sobre precios sensibles. La nafta aparece ahora como el eje más fuerte: el Gobierno quiere usarla para mostrar que el shock de marzo fue transitorio y que el proceso de desinflación puede volver a acelerarse.
