El Ejecutivo cuestionó la legitimación del órgano de control de PBA y sostuvo que la medida judicial se apoya en “riesgos hipotéticos”. La cautelar había sido dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata.
El Gobierno apeló el fallo que frenó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y pidió que la Justicia Federal revoque la medida cautelar dictada a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. La decisión judicial había suspendido el avance del proceso y ordenado preservar las condiciones de prestación del servicio en 26 municipios bonaerenses.
El Ejecutivo presentó la apelación contra la cautelar y sostuvo que el expediente debe ser revisado por la Justicia Federal competente. En Nación cuestionan que la Defensoría del Pueblo bonaerense tenga legitimación para discutir decisiones y normas de carácter federal vinculadas con la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.
En el planteo oficial, AySA remarca que ese criterio ya fue sostenido en reiteradas oportunidades por la Corte Suprema. La posición de la empresa es que una defensoría provincial no puede frenar judicialmente un proceso definido por el Estado nacional sobre una compañía bajo órbita federal y con un marco regulatorio específico.
El segundo argumento apunta contra la base técnica de la cautelar. En el oficialismo sostienen que la medida se apoya en hipótesis y riesgos potenciales que no fueron acreditados con evidencia “técnica, científica ni regulatoria concreta”. También remarcan que el fallo no identifica incumplimientos efectivos ni daños actuales o inminentes que justifiquen paralizar el proceso.
La cautelar había sido dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, a cargo de Mariano López, tras una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense. El organismo había advertido sobre posibles consecuencias de la privatización en el acceso al agua potable, la expansión de redes, las obras de saneamiento, la infraestructura y la protección ambiental.
En el Gobierno rechazan esa lectura y sostienen que no existe “regresividad ambiental”. Por el contrario, en AySA defienden el nuevo esquema como una “modernización estratégica” del servicio. Según la empresa, el régimen normativo fortalece los instrumentos regulatorios orientados a garantizar una “prestación eficiente, sustentable y universal, en resguardo del derecho humano al agua y al saneamiento”.
La empresa también argumenta que el servicio está sometido a controles permanentes por parte de los organismos reguladores competentes. En ese punto, sostiene que no existen observaciones o actuaciones que respalden los riesgos invocados en la demanda de la Defensoría bonaerense. AySA afirma además que presta el servicio de agua potable y saneamiento conforme al marco regulatorio vigente, con estándares de calidad, seguridad sanitaria y protección ambiental.
El fallo había representado un obstáculo para una de las privatizaciones que el Ejecutivo tiene en calendario. El esquema oficial contempla la venta del 90% de las acciones estatales de AySA y la conservación del 10% restante en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada. La apertura de ofertas está prevista para fines de agosto.
La intención de la Casa Rosada es incorporar un operador estratégico nacional o internacional con experiencia en agua potable y saneamiento. El diseño prevé que al menos el 51% quede en manos de ese operador y que el resto pueda colocarse en el mercado de capitales. En Balcarce 50 lo presentan como parte de una agenda más amplia para transferir empresas públicas y concesiones al sector privado antes de 2027.
AySA es uno de los expedientes centrales de esa hoja de ruta, junto con Belgrano Cargas, Intercargo, Correo Argentino, Corredores Viales, la Hidrovía y activos energéticos. En Nación sostienen que las privatizaciones buscan reducir la participación estatal, mejorar eficiencia operativa, atraer inversión y mostrar resultados de gestión antes del calendario electoral.
La Defensoría bonaerense había planteado que el nuevo esquema podía afectar obras de infraestructura, remediación ambiental, expansión de redes y continuidad de un servicio esencial. La respuesta del oficialismo es que esos riesgos no están acreditados y que el marco regulatorio mantiene obligaciones de prestación, calidad y control.
La apelación de AySA busca destrabar el proceso y recuperar el calendario previsto por el Ministerio de Economía. En los equipos técnicos consideran que la cautelar introduce incertidumbre sobre una privatización que ya tiene plazos formales y que forma parte del paquete de señales económicas hacia inversores. La decisión quedará ahora en manos de la Justicia Federal.
