- La Casación Federal había ordenado revertir el procesamiento del expresidente y profundizar medidas antes de reconsiderarlo.
- Ahora el caso está en manos del juez Ariel Lijo.
Alberto Fernández continúa bajo investigación en el marco de la causa por presunta corrupción en la contratación por parte del gobierno nacional a Nación Seguros con la intermediación de brokers. El más beneficiado con el pago de comisiones y los contratos fue Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidenta y pareja de su secretaria privada, María Cantero. Para resolver la situación procesal varios imputados se ordenará una pericia contable, y las partes propusieron analizar 100 puntos. La palabra final la tendrá el juez Ariel Lijo.
La causa Seguros se encontraba a punto de ser enviada a juicio oral. En el expediente, el ex Presidente se encuentra acusado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Uno de los hechos atribuidos es la firma por parte de Alberto Fernández del decreto 823/21, por el cual todos los ministerios y organismos del Estado nacional tenían que contratar a Nación Seguros. Tras esa decisión, el broker Martínez Sosa -amigo de Fernández- y sus empresas cobraron el 60% de las comisiones de los contratos de seguros.
Las negociaciones incompatibles atribuidas a Alberto Fernández se sustentan -según el procesamiento que ahora está bajo revisión- en el lugar que Martínez Sosa ocupa en ese ranking de empresarios beneficiados con los contratos supuestamente amañados.
Con los procesamientos confirmados, la abogada de Fernández, Mariana Barbitta, llegó ante la Casación Federal para reclamar una serie de medidas de prueba no realizadas y que podrían modificar la situación procesal del ex mandatario.
La Cámara de Casación no se pronunció sobre el fondo -si Alberto Fernández cometió delitos de corrupción o no- sino que ordenó a la Cámara Federal -que había confirmado la acusación dictada por el juez federal Sebastián Casanello- que revise la decisión y evalúe que hay más medidas que se pueden realizar.
En cumplimiento de esa orden, los camaristas Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah dictaron la falta de mérito y el caso volvió a la instancia de instrucción.
Cuando comenzó la causa, radicada en el Juzgado Federal 11, fue el juez Julián Ercolini quien inició la investigación y realizó la primera ronda de indagatorias.
Como se trata de un juzgado vacante que se va subrogando rotativamente, fue el juez Sebastián Casanello quien, junto a otras medidas de prueba, resolvió procesar a Alberto Fernández, a Héctor Martínez Sosa, a su esposa y y secretaria de Fernández, María Cantero, y a un extenso listado de empresarios.
Ahora, el expediente nuevamente en instrucción se encuentra en manos de otro reemplazante en el juzgado 11: Ariel Lijo.
Recientemente, el juez firmó un oficio al que accedió Clarín, donde dio cuenta de las medidas de prueba sugeridas por la Cámara Federal en aquel fallo a través del cual se dictó la falta de mérito.
Uno de los puntos centrales ordenados fue la realización de una pericia técnica.
Lijo recordó que los jueces de la Cámara de Apelaciones se inclinan a “avalar la hipótesis del magistrado en punto a que las erogaciones que se realizaron en favor de los intermediarios significaron un perjuicio patrimonial para Nación Seguros”.
Pese a ello, los camaristas coincidieron la necesidad de que se “practique un peritaje de la especialidad que incluya todas las variables propias de estos hechos, a fin de profundizar técnicamente este aspecto, y de forma previa a la eventual instancia de debate público”.
En virtud de ello, “se debe profundizar el estudio contable acerca del daño producido a las arcas públicas; pues lo provisorio del auto de mérito no significa o sugiere atravesar la instrucción sin contar con el detalle – lo más certero posible – de la lesión económica que el delito en cuestión exige", dijo el juez Ariel Lijo.
Junto a la labor en curso encomendada a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, se ordenó “disponer la realización de un peritaje de especialidad al Cuerpo de Peritos especializados en Corrupción de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Cuando se notificó la decisión a los abogados de los acusados, designaron peritos de parte y propusieron puntos de pericia, que suman cien aspectos a revisar, según pudo confirmar Clarín de fuentes judiciales.
Será el juez Lijo quien defina qué aspectos va a contemplar para firmar la realización del peritaje. Todo esto, señalaron fuentes judiciales, le permiten a Alberto Fernández “ganar tiempo frente a la decisión que se debe tomar que es si se lo vuelve a procesar o no”.
Además de la pericia contable, Lijo también tomó varias declaraciones testimoniales requeridas por la defensa de Fernández, entre ellas la de Vilma Ibarra (ex secretaria Legal y Técnica), Miguel Pesce (ex titular del Banco Central) y el exministro de Economía Martín Guzmán.
Una vez que todas las medidas concluyan, el juez deberá resolver si vuelve a procesar a Alberto Fernández.
