En la primera jornada de alegatos, las representantes de familiares de las víctimas reclamaron cinco años de prisión para los ex altos mandos de la Armada juzgados por la tragedia de 2017. Afirmaron que el submarino fue enviado a cumplir una misión para la que no estaba plenamente preparado y apuntaron a una cadena de decisiones y omisiones dentro de la estructura de mando.
La querella que representa a familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan solicitó este martes la pena máxima para los cuatro ex altos mandos de la Armada que están siendo juzgados en Río Gallegos. Durante la primera jornada de alegatos, las abogadas sostuvieron que la tragedia no fue consecuencia de un hecho imprevisible, sino del resultado de una serie de decisiones, omisiones y advertencias que, según afirmaron, fueron ignoradas por quienes tenían responsabilidades de conducción.
Ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, las representantes legales reclamaron cinco años de prisión efectiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos para los acusados. En su exposición, remarcaron que el submarino acumulaba problemas técnicos y que la misión se llevó adelante pese a las señales de alerta existentes. “No fue el mar el que los hundió”, sostuvieron durante los alegatos, al argumentar que la responsabilidad debe analizarse en la cadena de mando y en las decisiones adoptadas antes de la pérdida de contacto con la embarcación, donde murieron los 44 tripulantes.
La acusación contra los ex altos mandos
Las abogadas Lorena Arias y Valeria Carreras respaldaron en líneas generales la acusación presentada por la fiscalía y desarrollaron una reconstrucción propia de los hechos ocurridos antes del naufragio del 15 de noviembre de 2017. Según plantearon, el ARA San Juan fue enviado a cumplir una misión para la que no estaba plenamente preparado y existieron antecedentes técnicos que debieron haber encendido alarmas dentro de la estructura naval.
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Hoy más que nunca
Durante la audiencia, la querella apuntó contra los ex jefes militares Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa. Para las representantes de los familiares, los cuatro tenían conocimiento de las limitaciones operativas de la nave y, pese a ello, permitieron que continuara en actividad.
Uno de los puntos centrales de la acusación fue el estado general del submarino. Las abogadas señalaron que la embarcación llevaba varios años sin realizar tareas de mantenimiento consideradas importantes y que durante el juicio surgieron pruebas que, a su entender, demostraron una progresiva degradación de sus condiciones técnicas.
Las advertencias previas al hundimiento
La querella también cuestionó la estrategia de las defensas, que buscaron concentrar la responsabilidad en el entonces comandante del submarino, Pedro Martín Fernández. Según las abogadas, las decisiones vinculadas a la seguridad de la misión no dependían exclusivamente de quien estaba al mando de la nave, sino que involucraban a toda la cadena jerárquica de la Armada.
En ese sentido, sostuvieron que Fernández había advertido formalmente sobre distintas novedades técnicas meses antes de la última navegación y que esos reportes eran conocidos por sus superiores. Para las querellantes, esos antecedentes demuestran que existía información suficiente para revisar las condiciones de la misión o adoptar medidas preventivas.
Otro de los ejes del alegato estuvo vinculado a una navegación realizada en julio de 2017, cuando se registraron inconvenientes que, según la acusación, anticipaban algunos de los problemas que volverían a aparecer meses después. Las representantes legales consideraron que aquellas advertencias no fueron debidamente valoradas y describieron ese episodio como una señal temprana de los riesgos que enfrentaba la embarcación.
Qué sigue en el juicio
La querella también rechazó que el hundimiento pueda explicarse únicamente por lo ocurrido durante las últimas horas de navegación. Aunque reconocieron que nunca pudo determinarse con precisión qué sucedió dentro del submarino antes de la implosión, sostuvieron que el debate debe centrarse en las decisiones adoptadas previamente y en los riesgos que, según afirman, eran previsibles.
Al cierre de la jornada, las representantes de los familiares insistieron en que los 44 tripulantes perdieron la vida por una combinación de fallas, omisiones y decisiones que pudieron haberse evitado. Además de las penas de prisión e inhabilitación, dejaron planteada la posibilidad de avanzar posteriormente con reclamos por los daños sufridos por los familiares de las víctimas.
El juicio continuará en los próximos días con la exposición de otras querellas y de las defensas de los acusados. Luego será el turno del tribunal, que deberá determinar si existieron responsabilidades penales en una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Armada Argentina.
LB/AF
