El máximo tribunal del país determinó este miércoles que establecer límites razonables en la suma de pensiones es constitucional para salvaguardar la sostenibilidad financiera del sistema, garantizando al mismo tiempo una vida digna para los trabajadores del instituto.
En una resolución clave para la estructura financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la constitucionalidad del límite previsto en los artículos 4 y 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de sus trabajadores. Este dictamen establece que la suma total entre la pensión por jubilación y la de riesgo de trabajo no puede exceder el salario correspondiente a la categoría de “Médico Familiar 8.0 horas”.
La controversia surgió tras un juicio laboral en el que diversos pensionados buscaron obtener ambas prestaciones sin restricciones. Aunque un tribunal colegiado había determinado previamente que la suma debía ajustarse al tope mencionado, los afectados impugnaron la medida bajo el argumento de que vulneraba su derecho a la seguridad social.
El criterio de la Suprema Corte: Sostenibilidad y suficiencia económica del IMSS
Tras analizar el caso, el Tribunal Pleno determinó que el tope pensionario es plenamente compatible con la Constitución y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Los argumentos principales de la resolución destacan los siguientes puntos:
Sostenibilidad financiera: La Corte subrayó que, si bien la seguridad social debe garantizar una vida digna, también es necesario preservar la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones a largo plazo.
Límites razonables: Se determinó que las leyes pueden establecer topes a las prestaciones siempre y cuando estos sean razonables y no afecten la suficiencia económica de los beneficiarios.
Justificación del tope: La Suprema Corte destacó que el límite aplicado a los trabajadores del IMSS es razonable, dado que toma como referencia el nivel salarial más alto del Instituto y no disminuye el nivel efectivo de protección de las pensiones.
Este fallo, derivado del Amparo Directo en Revisión 8032/2025, fue resuelto en sesión de Pleno este mismo 1 de julio de 2026, estableciendo un precedente definitivo sobre cómo deben gestionarse las pensiones acumuladas dentro de la institución.
