El camarista está en el lugar desde hace más de dos décadas y dejaría una vacante estratégica para el Gobierno. Por ese tribunal pasan, entre otras, las denuncias de corrupción en la administración pública.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal desestimó este lunes la apelación presentada por el juez Martín Irurzun, quien buscaba una medida cautelar para permanecer en sus funciones más allá del límite etario de 75 años sin que el Poder Ejecutivo haya remitido su pliego de nombramiento al Senado para su acuerdo.
El fallo ratificó la decisión de primera instancia que ya había rechazado el pedido el 26 de junio por falta de verosimilitud del derecho. Si el gobierno no envía su pliego en los próximos días, se abre una vacante clave para que el gobierno pueda nombrar un juez en Comodoro Py.
Irurzun, integrante de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal desde hace más de dos décadas, cumple 75 años el próximo 18 de julio. De no mediar una intervención judicial o administrativa que lo habilite, deberá cesar en sus funciones conforme al artículo 99 de la Constitución Nacional, que establece que los jueces que alcanzan esa edad requieren un nuevo nombramiento del Poder Ejecutivo precedido del acuerdo del Senado para continuar otros cinco años.
En su presentación, el magistrado pidió suspender los efectos de esa norma constitucional y argumentó que el precedente “Schiffrin” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reafirmó que la validez del límite etario, habría perdido vigencia tras el cese del exmiembro de la Corte, Juan Carlos Maqueda.
La Cámara rechazó ese planteo al considerarlo una conjetura sin sustento jurídico suficiente. Los jueces señalaron que los tribunales inferiores deben ajustarse a los precedentes de la Corte Suprema salvo que se aporten argumentos nuevos y fundados que justifiquen apartarse de ellos.
El Estado Nacional se opuso al otorgamiento de la medida cautelar. Antes de resolver, la Cámara aceptó las excusaciones de los jueces Liliana Heiland y Rodolfo Facio, quienes se apartaron del caso por decoro, dado que Irurzun había intervenido en una causa penal conexa en la que ellos figuran como denunciados.
La Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada además por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, interviene en la revisión de decisiones de los juzgados federales de primera instancia en materia de corrupción en la función pública, trata de personas, narcotráfico y otras causas de relevancia. Con la eventual salida de Irurzun, se generará una vacante en ese tribunal estratégico.
El gobierno acelera la cobertura de vacantes
Días atrás, el Poder Ejecutivo oficializó, mediante una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, el nombramiento de 11 jueces y camaristas y cuatro funcionarios del Ministerio Público, tras la aprobación de 75 pliegos por parte del Senado el pasado 4 de junio.
Los nombramientos fueron firmados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, antes de su viaje a París para participar en el plenario del GAFI en la OCDE, y donde coincidió con el juez Ariel Lijo.
Las designaciones abarcan tribunales federales y nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones del interior del país.
