- Las empresas contratistas reclaman certificados de obras completadas y no abonadas.
- Incluye pagos pendientes del gobierno de Alberto Fernández.
- Para no comprometer el superávit, Economía emitirá tres bonos con vencimiento hasta abril del año que viene.
El Gobierno les reconoció a las empresas contratistas de proyectos de obra pública una deuda por avances en proyectos vigentes por unos $ 220.000 millones, pero les ofreció un plan para pagar ese saldo con tres bonos del Tesoro para no comprometer el superávit fiscal.
La decisión se conoció este jueves a través de una resolución en el Boletín Oficial de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, que encabeza Fernando Hermann, el funcionario que reemplazó a Carlos Frugoni a fines de abril. En términos prácticos, lo que hace el Gobierno es crear un Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública.
Como objetivo planteado en el decreto plantea saldar deudas correspondientes a certificados de obra, acopio de materiales, redeterminaciones de precios y contratos extinguidos que se hayan acumulado desde enero de 2022 hasta fines de 2025.
En los considerandos, el Gobierno reconoció que, tras un relevamiento realizado por esas áreas, se detectaron "obligaciones pendientes de cancelación" con contratistas de obras públicas. Pero también que la necesidad de mantener el superávit fiscal impide que esa deuda se pague con fondos presupuestarios.
En ese sentido, sostiene que, "considerando la indisponibilidad de créditos presupuestarios (...) para hacer frente a la totalidad de las deudas relevadas, se consideró conveniente articular procesos que permitan poner a disposición de los contratistas (...) mecanismos e instrumentos alternativos para la cancelación de sus acreencias".
En ese sentido, Economía ofreció una canasta de tres bonos en pesos con vencimientos entre octubre de este año y abril del 2027. Se repartirá de manera igualitaria entre las empresas contratistas que elijan adherir.
Será una Lecap con vencimiento el 30 de octubre próximo, un Boncap al 15 de enero de 2027 y otro Boncap que finaliza el 30 de abril. Los títulos serán entregados a su valor técnico al día hábil previo a la transferencia y el programa tendrá un cupo máximo de $ 221.119 millones.
Ese es el total de los pagos pendientes que reconocerá el Estado nacional. Entre las empresas de la construcción consideran que puede ser un monto "exiguo": según relevamientos preliminares que hizo la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) entre sus socios en los últimos dos años, la deuda por certificados de obra podría ascender a $400.000 millones.
De todas formas, el plan de pago que ofreció Economía refiere a montos que ya hayan sido facturados, por lo que no contemplaría por definición a toda la deuda que reclama la cámara constructora.
El proceso comenzó desde la publicación del decreto y el Gobierno espera que sea rápido. Las empresas tendrán que adherir de manera voluntaria a ese régimen. Tendrán diez días hábiles para solicitar su incorporación y otros diez días para presentar la liquidación de los montos que consideren que el Estado les debe.
A cambio, las firmas que ingresen deberán aceptar una serie de condiciones. Entre ellas, desistir expresamente de todos los reclamos administrativos o judiciales vinculados con esos contratos y renunciar a cualquier crédito futuro relacionado con la obra, incluso aquellos que pudieran surgir por eventuales cambios en la ecuación económica del contrato derivados de la modalidad de pago mediante títulos públicos.
Es un modus operandi al que Caputo ya acudió en otro momento de la gestión: el Estado acumulaba una deuda con generadoras eléctricas y productores de gas y Economía ofreció un bono en dólares a 2038 con 4,25% de tasa de interés anual. En un principio implicó una quita por la cotización que tenía ese título para las que se deshicieron de ese bono.
NE
