- El Gobierno se prepara para enviar al Congreso un proyecto de ley general de libertad educativa, con formato de ley acuerdo con el que se propone apuntar la batalla cultural. El misterio del voto y la pelea electoral de cara a 2027.
El Gobierno contraataca con un arma transversal: la educación
El Gobierno confía en retomar la iniciativa con otro proyecto de ley testimonial para arrastrar al país en un debate que sacuda al cerdo hasta que aparezca el dueño. Se trata del demorado proyecto de ley general de educación -titulado con pompa "de libertad educativa"-, con esa singular concepción que tiene el gobierno conservador de lo que significa "libertad". La iniciativa se conoce en varios corredores por los que el Gobierno la ha hecho circular, entre expertos y académicos, para sondear la suerte que pueda correr en el Congreso.
El Gobierno piensa llevar el proyecto al Congreso en las semanas que vienen, más precisamente el 16 de julio, poco antes de que se inicie el receso invernal legislativo. Esta decisión explica un hecho que pasó inadvertido en la Cámara de Diputados la semana que pasó: se reunió la Comisión de Educación para que asumiese su conducción el diputado Alejandro Finocchiaro. Este político, que estaba de licencia, es una de las autoridades máximas del oficialismo en materia educativa. Fue ministro de gobiernos del PRO y representa a la alianza de ese partido con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
¿Guerra cultural o reforma sincera?
El oficialismo tiene la mayoría de la comisión, y si suma apenas dos votos más de los que cuenta formalmente estaría en condiciones de aprobar un dictamen. Pero lo que no tienen claro en la bancada es qué quiere hacer el Gobierno. Dudan si busca lanzar una nueva batalla cultural para precipitar otro enfrentamiento colosal entre posiciones ideológicas contrarias, o si quiere que se produzca un efectivo cambio en el sistema, algo que llevará años lograrlo. Un proyecto estructural como éste requiere gran mayoría de votos, no diferencias pequeñas como los 130 votos del SuperRigi, que son un seguro de precariedad para temas de largo alcance. El proyecto además legisla sobre atribuciones que son de las provincias. Electoralmente hablando, puede justificar una nueva ola de acuerdos con los gobernadores para mejorar las chances de Milei de reelegir en 2017.
Tiene el formato de una “ley acuerdo” y dice buscar lo que el constitucionalista radical Antonio Hernández ha llamado el "federalismo de concertación". Ese formato se da de patadas con la guerra cultural. Los diputados quieren saber si se van a ver involucrados una guerra a todo o nada cuando ya está en marcha la campaña electoral. O si les van a pedir un tratamiento sereno y constructivo de una mejora de la educación. O, al final, si están montando otra mesa para que negocien los débiles del Gobierno con los poderosos gobernadores, que hoy tienen la llave del voto en el Congreso.
Mojada de oreja al peronismo
El proyecto prolonga la tendencia a descentralizar el sistema, en contradicción con las reformas de 1993 y 2006, que buscaron darle a la Nación responsabilidades que había perdido durante los gobiernos anteriores, que habían transferido establecimientos educativos a las provincias. El peronismo es centralista en materia educativa.
El proyecto avanza en reformas que buscan potenciar la responsabilidad de las familias frente a la función indelegable del Estado, al que se le reconoce un rol subsidiario de la iniciativa privada. Por eso abre camino a institutos como la enseñanza en casa (homeschooling), el financiamiento a través de bonos (vouchers) entregados a las familias para que elijan a quién subsidiar, y favorece la enseñanza religiosa en los establecimientos públicos. En materia de administración potencia el rol de los directores de escuela en la elección de los docentes, su calificación profesional y hasta su salario.
La educación, partera de la historia
Es difícil resumir el debate en el punto en que está hoy, pero despertará polémicas tan agrias como todos los proyectos que afectan de manera transversal a todos los partidos y familias políticas, como ha sido el debate sobre la despenalización del aborto. Este último debate generó posicionamientos indelebles que reaparecen en todas las manifestaciones políticas entre "verdes" y "celestes". Muchas actitudes y aun resultados electorales pueden explicarse por esa dialéctica que no aparece en la superficie. Los debates sobre la educación han sido momentos axiales de la historia argentina. Lo fue el Primer Congreso Pedagógico de 1882, previo a la sanción de la ley 1.420, fundacional del sistema educativo argentino. Siguió con los mismos ecos el Segundo Congreso Pedagógico convocado por el gobierno de Alfonsín entre 1984 y 1988, que cambió la fisonomía del sistema.
El acuerdo como antídoto
Del mismo modo el debate probó la capacidad de los dirigentes para superar los demonios negativos de la vida pública argentina, que son la intransigencia y el regeneracionismo. La intransigencia abomina de los acuerdos, que son la esencia que da razón a la política. El regeneracionismo es la creencia de que cada gobierno que llega debe cambiar todo.
Cada vez que el país pudo superar estos demonios logró cambios notables. Uno fue la reforma constitucional de 1994, la única en la historia que tuvo el acuerdo de todas las fuerzas políticas y que no fue por la imposición de un bando que aplastaba al otro. Con el mismo ánimo se debatieron las reformas de 1993 y 2006. Lo ilustra una anécdota: cuando apareció el ministro de Educación Jorge Rodríguez en las reuniones entre peronistas y radicales para negociar el Pacto de Olivos, este le preguntó a Menem por qué lo habían llamado. Le dijo que Raúl Alfonsín había pedido que estuviese, porque la UCR valoraba mucho el ánimo para el consenso que había demostrado como diputado nacional entre 1989 y 1992, en el debate de la ley de reforma educativa sancionada en 1993 (LEY 24.195).
También sepultó gobiernos
Más cerca de ahora, la Marcha Blanca de los docentes en 1988 fue una herramienta de artillería política que resintió al gobierno de Alfonsín. Una década más tarde, la Carpa Blanca marcó el derrumbe del gobierno de Carlos Menem entre 1997 y 1999. Entre las materias introducidas en este proyecto figura la declaración de la educación como servicio esencial –tópico propio de la legislación laboral-. Una restricción sobre los gremios para que regulen a la baja su pasión criolla por el paro.
Esa función del sindicalismo educativo ha convertido a algunos personajes como bisagras políticas. La trayectoria de Mary Sánchez o del preceptor Baradel en la política educativa en Buenos Aires fueron leyenda. También lo ha sido el rol de un Hugo Yasky, que suma más horas de cortes de calle que horas cátedra. Hoy es diputado del cristinismo extremo. Ya en la administración Milei, el debate por los fondos educativos, particularmente para el financiamiento de las universidades, significó una de las derrotas más fuertes que ha tenido en el Congreso, en la justicia y en la opinión pública. En materia de financiamiento el gobierno lleva el sistema hacia las políticas de ajuste. En el presupuesto 2026 se derogó la cláusula de la ley de 2006 que ponía como objetivo alcanzar un gasto equivalente a 6 puntos del PBI. Esa norma establecida en 1993 no se ha cumplido, salvo en el ejercicio 2015: justificaba el "plan platita" de la campaña de Sergio Massa.
Objetivo: dividir al enemigo
El senador Gerardo Zamora puso en debate este tipo de iniciativas que el Congreso viene confrontando desde la asunción del actual gobierno. Son las "legge manifesto" o normas legislativas que más que reglamentar alguna materia, buscan proclamar posiciones ideológicas de un partido o un gobierno. El propósito no es tanto sancionar reformas sino justificar debates que sirven para disciplinar a los propios y dividir a los contrarios. Los gobiernos débiles suelen impulsar leyes complejas, autocontradictorias. Generalmente abarcan muchas materias diferentes entre sí. Ocurre con este proyecto, que modifica normas nacionales y provinciales, deroga leyes anteriores y busca desordenar un esquema convencional que dominan sus contradictores. La administración educativa de este gobierno tiene una clara extracción confesional. Es el origen de la designación del ministro-secretario de Educación Carlos Torrendell, un experto en pedagogía de la Universidad Católica Argentina. Muchas de las reformas que propone el proyecto dividirán incluso a la iglesia católica, que siempre ha defendido la función subsidiaria del Estado. Este ejercicio es la base de otras reformas educativas llevadas adelante en países como Chile, paraíso del modelo de Estado con una mera función subsidiaria de la iniciativa privada.
La fragilidad de los débiles
Los gobiernos débiles padecen de la misma discapacidad que los maridos infieles: no pueden decir la verdad. Es una encerrona que, admítase con piedad, no se elige. Le toca a un gobierno, o a un marido, ser débiles. No eligieron serlo. Uno llegó al gobierno por una carambola a tres bandas -como confesó en su momento Javier Milei-. Un marido se cruzó con un profumo di donna con efectos radioactivos inevitables. Lo padece la actual administración cuando lanza proyectos que después debilita por el trámite que le imprime. 1) ¿No era que hay que asegurar la continuidad del modelo, y que para lograrlo hay que elegir en 2027 un candidato marketinero? Entonces -dice Patricia- el candidato tiene que ser el que más mida. Pero el que más mide es la que más mide. O sea, Patricia. 2) ¿No era que la cripto Libra era una forma de capitalizar inversiones para las pymes criollas? ¿Cómo es que ahora el juez decide que es un memecoin, una timba en la que pierden los giles y ganan los listos? Sin querellantes en la causa, el expediente vuelve a ser secreto. Es el objetivo principal de los investigados. El desvelo de los presuntos responsables ha sido la permanente filtración a la prensa de detalles del caso. Eso se terminó hasta nuevo aviso. 3) ¿No era que la reforma electoral era un cambio de era, una solución definitiva al drama de Occidente, que es la crisis de representación? Ahora sólo se trata de promover acuerdos con gobernadores y opositores livianos para ganar las elecciones: volver al viejo recurso de la ley de lemas, hoy bajo el disfraz de las colectoras.
El crimen no paga
La fragilidad de las consignas va de la mano de otros prejuicios que suelen conducir a los políticos al hoyo del error. El más frecuente es creer que la gente vota por el bolsillo. Este preconcepto pavimenta un camino seguro al fracaso. El Gobierno sostiene, con alguna lógica, que sería esperable que, si baja la inflación y se mantiene el equilibrio de las cuentas públicas, lo voten masivamente. Casi la mitad del electorado no pensó en la economía cuando le puso en 2023 el voto a Sergio Massa, abanderado de desarreglos descomunales. Aún con una marca del 211% de inflación interanual, el candidato peronista logró 44% de los votos y su partido retuvo el distrito más grande de la Argentina por dos turnos electorales.
Habrá que pensar que los votantes piden otras cosas. O que, aún peor, cuando un gobierno alcanza ciertos equilibrios, el público cree que eso es obra de sus propios esfuerzos y no del Gobierno, y entonces pide más. Un ejemplo de brocha gorda lo da el plebiscito de Pinochet de 1988 para avalarle una década más de poder (hasta1998) o entregarlo a un sucesor elegido por el voto popular en 1990. La economía chilena estaba mejor que nunca pero el soberano lo mandó a la casa.
El misterio del voto
Con brocha fina, hay ejemplos criollos que indican que un gobierno tiene que aportar algo más que números azules -o que lo parecen, según la creatividad contable de los gobiernos-. ¿Cuánto kirchnerismo pudo crear Néstor entre 2003 y 2007? Había alcanzado lo que llaman los superávit gemelos -fiscal y comercial-. Ese ciclo de recuperación lo había iniciado Duhalde en 2002, Néstor respetó la regla fiscal y cosechó el elogio de los ayatolas de la ortodoxia. Se tuvo que ir a la casa. No pudo reelegir, y si su esposa Cristina no iba a elecciones con Julio Cobos, gobernadores e intendentes radicales, y con Daniel Scioli como gobernador de Buenos Aires, el modelo no seguía.
En 2015 Cristina de Kirchner podía alardear de otro indicador que encantaba a los ortodoxos. Era la relación deuda-PBI que había alcanzado uno de los ratios más bajos frente al promedio histórico. ¿Le sirvió para que ganase Scioli? Tampoco le rindió tener el poder en la mayoría de las gobernaciones, la primera minoría en Diputados y la mayoría en el Senado. Seguramente la gente mira los números, mira la capacidad de compra del salario, pero también reclama lo que le falta. Creer que el voto castiga o premia es un perjuicio pequeñoburgués. Lo que espera es futuro. El público le pedía algo de futuro a Kirchner en 2007, a Scioli 2015, a Macri 2019 y a Massa 2023. Debieron imaginar que el público exige otras constancias menos cuantificables para poner el voto. Es lo que deben construir para 2027 todos los que se anotan a esa parada, hoy incierta en cualquiera de las ofertas que despuntan.
