La Justicia sospecha que el ex candidato de La Libertad Avanza percibió U$S200.000 mediante la supuesta simulación de un contrato de asesoría en una mina de Guatemala.
El ex diputado nacional José Luis Espert deberá comparecer este martes ante los tribunales federales de San Isidro para prestar declaración indagatoria en una causa penal que lo investiga por presunto lavado de dinero, denuncia que precipitó su renuncia como candidato a las legislativas por La Libertad Avanza.
La audiencia, programada para las 10.30 ante el juez Lino Mirabelli, titular del Juzgado Federal N° 2, se concretará luego de que la defensa obtuviera una prórroga de siete días con el fin de examinar las pruebas del expediente.
De acuerdo con la hipótesis del fiscal federal Fernando Domínguez, el economista y ex integrante de Juntos por el Cambio, habría percibido una suma de U$S 200.000 proveniente de Federico “Fred” Machado. La maniobra se habría instrumentado a través de la simulación de un contrato de asesoría con la firma guatemalteca “Minas del Pueblo”.
Para los investigadores, este mecanismo sirvió para introducir fondos de origen ilícito al circuito legal, dinero que posteriormente se habría destinado a la adquisición de vehículos de gama alta y al financiamiento de un fideicomiso en la localidad balnearia de Costa Esmeralda. La fiscalía sostiene que el dinero proviene de los negocios de Machado, quien recientemente selló un acuerdo con la justicia estadounidense tras admitir cargos por fraudes comerciales y operaciones de blanqueo.
Grabois denunció a Espert hace tres años
La denuncia original fue radicada en 2023 por el dirigente social Juan Grabois, precisamente durante la campaña electoral en la que Espert encabezaba la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires dentro de LLA, el espacio político liderado por Javier Milei. El avance de las pesquisas motivó una serie de allanamientos en octubre del año pasado en el domicilio particular del imputado y en sus oficinas de la Cámara de Diputados, procedimientos en los cuales se incautaron teléfonos móviles, ordenadores y documentación de interés. Ante este complejo escenario judicial, el legislador optó por declinar su postulación y formalizar un pedido de licencia institucional.
Aunque el imputado ha intentado restar trascendencia pública a su vínculo con el empresario y evitó convalidar la recepción del dinero, los investigadores cuentan con registros de traslados y reuniones comunes. Los antecedentes comerciales entre ambos se remontan a 2019, cuando Machado financió la estructura proselitista presidencial del economista mediante el préstamo de aeronaves, autos blindados y la presentación de un libro, hechos que se evalúan de forma independiente.
La ronda de citaciones dispuesta por el juzgado también alcanza a Mariano Cosentino, contador de confianza del dirigente, y a la firma comercial Varianza SA, sospechada de haber facilitado el andamiaje corporativo. Por su parte, Machado fue extraditado a los Estados Unidos en noviembre pasado y permanece recluido tras celebrar un acuerdo de colaboración con los tribunales norteamericanos.
