En medio de la crisis desatada por el “caso Wachitas”, el fiscal que investigó la denominada Causa Bomberos advirtió que los riesgos de corrupción persisten mientras existan estructuras estatales encargadas de controlar la actividad privada.
La confirmación por parte de la Cámara de Acusación de la denominada Causa Bomberos volvió a poner en el tapete una investigación que expuso presuntas maniobras de corrupción vinculadas a habilitaciones comerciales, coimas y extorsiones en Córdoba. En diálogo con Perfil Córdoba, el fiscal Guillermo González repasó el estado del expediente, confirmó que la causa irá a juicio y aseguró que la pesquisa no sólo alcanzó a bomberos sino también a funcionarios municipales, policías, empresarios y comerciantes.
Sin embargo, González fue más allá, ya que en el contexto de la conmoción política generada por el femicidio de Agostina Vega y las irregularidades detectadas en el caso Wachitas, reflexionó sobre los límites de los organismos de control y dejó una definición que interpela al sistema institucional: “Quién controla al que controla sigue siendo uno de nuestros grandes problemas”.
-El femicidio de Agostina Vega volvió a poner bajo la lupa los controles sobre la noche cordobesa. También reactivó el recuerdo de la investigación conocida como la causa Bomberos. ¿Qué lectura hace de todo lo que está ocurriendo con el bar Wachitas y la nueva unidad mixta de control impulsada por el municipio?
-Hay varias cuestiones. En primer lugar, no puedo opinar demasiado sobre la situación puntual de ese bar porque me he enterado a través de los medios y no intervengo en ninguna causa relacionada con esos hechos. Tampoco descarto que, por mi función, en algún momento pueda llegar a intervenir, por lo que no sería serio de mi parte adelantar opinión sobre cuestiones específicas. Ahora bien, si lo relacionamos con nuestra investigación, sí hay novedades importantes. La Cámara de Acusación confirmó absolutamente toda la investigación que llevamos adelante durante más de dos años. De hecho, quedó firme toda esa parte del expediente, por lo que la causa irá a juicio. En definitiva, también estamos hablando de oficinas públicas encargadas de otorgar o negar habilitaciones para actividades privadas. Cuando iniciamos la investigación hace un par de años, detectamos no sólo la existencia de una asociación ilícita que realizaba trámites paralelos e irregulares para habilitar lugares que no cumplían las condiciones necesarias, sino también la existencia de maniobras delictivas vinculadas al pago de coimas y a extorsiones.
-Usted mencionó que existían distintas líneas de investigación vinculadas específicamente con el municipio, inspectores y funcionarios. ¿Qué ocurrió con esas investigaciones?
-En la primera parte de la investigación, que acaba de quedar firme, hay numerosos funcionarios municipales involucrados y acusados. Incluso ya existen condenas derivadas de juicios abreviados. Es decir, la investigación nunca se limitó únicamente a los bomberos, pese a que así fue conocida públicamente. También avanzó sobre agentes municipales.
-¿Cuántas personas terminaron acusadas y qué roles ocupaban?
-En la causa principal terminamos acusando a 16 personas. Tres de ellas, dos bomberos y un empleado municipal, realizaron juicios abreviados y ya fueron condenadas. Quedan entonces 13 imputados, entre los que hay policías de muy alto rango, incluso quien llegó a ser subjefe de Policía y luego ocupó un cargo importante en la Municipalidad, además de empleados municipales, empresarios importantes y pequeños comerciantes.
-En la acusación también aparecen empresarios que pagaban coimas.
-Exactamente. Había dos modalidades: en algunos casos, comerciantes que voluntariamente pagaban coimas para obtener habilitaciones pese a no cumplir con las condiciones exigidas. En otros, sobre todo pequeños comerciantes, eran víctimas de extorsiones. Lo que ocurría era bastante frecuente: llegaban inspectores, encontraban alguna irregularidad menor y advertían que, si no entregaban dinero, serían clausurados. Allí aparecía la maniobra extorsiva.
-Es decir, está involucrado todo el circuito.
-Exactamente. Todo el circuito. Pero además debo decirles que la causa no está totalmente cerrada. Esta es la investigación principal, pero todavía existen líneas de investigación abiertas y distintos emergentes que seguimos trabajando.
-La investigación ya fue confirmada por la Cámara de Acusación. ¿Qué significa?
-Que la investigación fue avalada íntegramente y que la causa irá a juicio. Nosotros creemos que logramos desarticular aquella organización específica que investigamos. Ahora bien, esto no significa que desaparezcan definitivamente este tipo de delitos. Mientras exista un sistema donde el Estado debe controlar miles de actividades comerciales, siempre habrá riesgos. Lo importante es detectar y desbaratar las organizaciones concretas que se aprovechan de esos mecanismos.
-Lo importante es que parece estar roto el sistema de control sobre los comercios y la noche cordobesa. ¿Todavía se puede salvar?
-Nosotros creemos que logramos cortar para siempre con aquella organización específica que investigamos. Pero esto es similar a cuando se desbarata una banda dedicada al robo de autos: el hecho de condenar a sus integrantes no significa que se termine definitivamente con el delito. Mientras exista una regulación estatal sobre miles de emprendimientos comerciales, porque cualquier actividad necesita controles de seguridad, habilitaciones y fiscalización y siempre habrá riesgos de corrupción.
-Pero tampoco se pueden crear organismos que controlen a otros organismos indefinidamente. No puede haber una Gestapo de las Gestapos.
-Coincido plenamente. El problema es cultural. Recuerdo una experiencia de hace muchísimos años, cuando todavía era estudiante. Recibimos especialistas franceses que nos explicaban cómo funcionaban organismos estatales encargados de controlar los sistemas informáticos y proteger datos sensibles. En un momento levanté la mano y pregunté quién controlaba a esos organismos. Les costó mucho entender la pregunta. Yo estaba formulando una pregunta muy argentina: quién controla al que controla. Ese sigue siendo uno de nuestros grandes problemas.
