Dos mujeres que cumplían funciones subordinadas dentro de Grupo Aluminar pasaron más de seis meses privadas de la libertad en el marco de la investigación por la presunta estafa del emprendimiento Catalina del Norte. Ambas acusan al fiscal Iván Rodríguez de no haberlas escuchado ni distinguido del resto de los imputados.
Las dos empleadas detenidas en la causa por las presuntas estafas inmobiliarias de Grupo Aluminar rompieron el silencio esta semana y apuntaron con dureza contra el fiscal Iván Rodríguez. Luego de permanecer más de seis meses privadas de la libertad, Carolina Araujo, exencargada del área de ventas, y Soledad Farías Gómez, quien se desempeñaba en posventa, obtuvieron la libertad bajo caución. Ambas niegan haber integrado una asociación ilícita y denuncian que el fiscal nunca escuchó su versión antes de ordenar su encarcelamiento.
La causa, instruida por la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, se inició en diciembre de 2025 tras una serie de denuncias contra la empresa. Seis personas, entre ellas cuatro empresarios y dos empleadas, fueron detenidas acusadas de integrar una asociación ilícita que comercializó de manera fraudulenta lotes del emprendimiento Catalina del Norte, ubicado sobre ruta E-53 cerca de Río Ceballos, que no podía ser desarrollado ni entregado a los compradores.
Según la hipótesis del fiscal Rodríguez, el grupo utilizaba la empresa Aluminar S.A. como pantalla para aparentar una operatoria inmobiliaria regular, y a través de sus redes sociales y página web promocionaba los supuestos lotes como un proyecto legal y viable, persuadiendo a los compradores mediante documentación, visitas guiadas y promesas de escrituración.
Araujo trabajó en la firma entre noviembre de 2015 y septiembre de 2017, es decir, varios años antes de que comenzaran los reclamos judiciales de las víctimas. Según su relato a PERFIL CÓRDOBA, renunció precisamente al detectar irregularidades: los dueños le informaron que el máster plan original del emprendimiento ya no existía y le exigieron reubicar a compradores que ya habían firmado contratos de preventa para lotes con distintas dimensiones y orientaciones. Ante esa situación, decidió irse. "Les dije a los dueños: ustedes no son serios. Yo no trabajo más", relató.
El 5 de diciembre de 2025 fue allanada su vivienda. La búsqueda no arrojó resultados: "El allanamiento fue negativo porque obviamente no encuentran nada", señaló. Aun así, fue trasladada primero a la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) y luego al complejo penitenciario de Bouwer, donde permaneció hasta el 24 de abril de este año, cuando obtuvo la prisión domiciliaria. El lunes 23 de junio se le dictó el cese de esa medida, con una fianza de 27 millones de pesos.
El argumento del fiscal para mantener la detención se apoyó, según la propia imputada, en el riesgo de fuga y en el supuesto enriquecimiento ilícito. Araujo rechaza ambos extremos: al momento de su detención vivía con su pareja en un dúplex alquilado, tenía un automóvil modelo 2013 y sostenía un pequeño emprendimiento de gastronomía saludable.
"No tengo movimientos bancarios que digan que yo pertenecí a una asociación ilícita. No me fui del país en los últimos diez años", remarcó. Y añadió un dato que considera central para su defensa: los reclamos de los compradores damnificados comenzaron en 2019 y 2020, cuando los lotes no fueron entregados según lo pactado.
Ella ya no formaba parte de la empresa desde dos años antes. "¿Qué tengo que esperar yo? Solo el sobreseimiento de esta causa", afirmó. "El fiscal dice que yo sabía que esto iba a ser una estafa. ¿Qué hacés en un área de ventas si no recepcionás los clientes que van a preguntar?", cuestionó.
Lo que más la afecta, sin embargo, no es el argumento jurídico sino la falta de contacto directo con el funcionario a cargo. "El fiscal nunca me tomó una sola declaración, a pesar de yo haber estado dispuesta a declarar lo que sabía", dijo.
El testimonio de Florencia Aguirre, hija de Farías Gómez, coincide en los puntos centrales. En declaraciones a Telenoche de El Doce, la joven describió a su madre como una empleada administrativa sin poder de decisión en la firma: "Ella estaba en el área de posventa, en ese lugar se encargaba de recepcionar no solo reclamos de clientes, sino también la documentación y coordinación entre escribanías y clientes para firmar las escrituras de otros proyectos que nada que ver con el cual se lo vinculan hoy. Mi mamá no estaba vinculada a ese proyecto".
Aguirre también denunció que su madre no fue escuchada: "Mi mamá no está siendo escuchada por nadie, el fiscal no sabe quién es, nunca se interesó por saber quién era mi mamá y la causa la ha llevado su secretario". Farías Gómez obtuvo la libertad bajo caución con una fianza de 45 millones de pesos, con la firma de nueve abogados.
El elemento que ambas familias acentúan con más énfasis es el contraste entre el rigor que el fiscal Rodríguez aplicó en este expediente y la levedad de su actuación en otro caso que también instruyó: el de Claudio Barrelier, imputado por violencia contra una mujer y privación ilegítima de la libertad, quien en 2025 estuvo detenido apenas 20 días y pagó una fianza de 5 millones de pesos. Barrelier fue luego acusado del femicidio de Agostina Vega.
"Él estuvo 20 días en la cárcel. Pagó una fianza de 5 millones de pesos. Y yo, por haber sido empleada en una empresa, me tuvieron 6 meses y medio encerrada", dijo Araujo. "Son dos delitos que son incomparables y la misma persona actúa de manera totalmente arbitraria conmigo", concluyó.
Las secuelas del encierro son el denominador común de ambos testimonios. Araujo, de 57 años, describió una reintegración difícil a la vida cotidiana: en sus primeros días de libertad no salió de su casa, llamó a su psicóloga y reconoció que duerme mal. "Es el día de hoy que duermo con mi pareja y él me toca y yo salto de la cama", confesó. Aguirre, por su parte, fue aún más directa sobre el impacto familiar: "Es una pesadilla, nos han destruido como familia, es un día a día, hora a hora, a mi mamá la están destruyendo psicológicamente, emocionalmente, físicamente, todo".
Las dos imputadas aguardan ahora la definición judicial sobre si la causa se eleva a juicio oral o si el fiscal acepta revisar las pruebas que, según sus defensas, acreditarían que su participación se limitó a funciones laborales básicas y que ambas estaban desvinculadas de la empresa cuando ocurrieron los hechos que motivaron las denuncias.
