La firma solicitó la protección judicial; atribuye su situación al desplome del consumo y la apertura de las importaciones
Textil Amesud, uno de los grandes jugadores de la industria del tejido de punto en la Argentina, entró en concurso preventivo de acreedores. La compañía, proveedora de gigantes como Nike y Adidas, justificó la medida por el estado de cesación de pagos en el que se encuentra desde mayo de 2026, producto de una crisis que calificó como “delicada y sin precedentes” en sus más de 30 años de trayectoria.
La medida fue dictada por el Juzgado Comercial 22, Secretaría 44, a cargo de Guillermo Pesares, bajo la carátula de “Gran Concurso”. Según los estados contables presentados, la firma registra un pasivo concursal de $12.156 millones, frente a activos valuados en $25.269 millones.
A pesar de que los activos superan el monto de la deuda, la dirección de la empresa -encabezada por Hong Yeal Kim- señaló que la falta de liquidez y la imposibilidad de trasladar los aumentos de costos a los precios tornaron la gestión “insostenible”.
Entre las causas principales del desequilibrio financiero, Amesud destacó la caída drástica de la demanda, que llevó a la fábrica a operar a apenas el 30% de su capacidad instalada. Según precisó, sus ventas cayeron de un promedio de 316 toneladas mensuales a fines de 2024 a solo 115 toneladas en febrero de 2026.
La compañía atribuyó este escenario a un cambio de paradigma económico iniciado a fines de 2023, caracterizado por una “apertura indiscriminada de importaciones”. Según la firma, la reducción de aranceles y la desregulación de regímenes como el courier permitieron el ingreso masivo de productos de plataformas como Temu y Shein a precios “artificialmente bajos” con los que la industria nacional no puede competir.
La empresa describió un “descalabro financiero de gran relevancia” derivado del salto en la tasa BADLAR y el encarecimiento de la financiación de capital de trabajo, lo que erosionó completamente los márgenes de rentabilidad. Y a este escenario de asfixia se sumó un desfase insalvable entre costos y precios: mientras que la inflación general interanual a octubre de 2025 fue del 31,3%, los precios de indumentaria y calzado solo aumentaron un 17,4%.
En su presentación judicial, la compañía explicó que el ajuste operativo también tuvo un fuerte impacto en el empleo. En solo dos años, la empresa redujo su plantilla de personal en más del 50%, pasando de 389 empleados en enero de 2024 a los 173 trabajadores actuales.
La estructura de la deuda actual se divide principalmente en:
- Deudas comerciales: $8.176 millones (incluye proveedores nacionales y del exterior)
- Deudas fiscales y previsionales: $1.951 millones, con fuertes intimaciones de la ARCA (ex AFIP)
- Deudas financieras: $1.122 millones, que incluyen compromisos con el Banco Nación y el Banco Provincia por créditos tomados para inversión en maquinaria que hoy se encuentra apagada por falta de demanda
- Pasivos laborales: $372 millones, derivados principalmente de las recientes desvinculaciones
Historia: de inmigrante a empresario
La compañía fue fundada en 1991 por Yeal Kim, un inmigrante coreano que llegó a la Argentina en 1976, con 18 años, junto a su familia, escapando de la pobreza en Corea del Sur. Sin hablar español, sin dinero y endeudados, se instalaron en una vivienda precaria en la entonces villa Barrio Rivadavia (hoy 1-11-14), donde 11 personas compartían dos habitaciones. Para salir adelante compraron una única máquina de tejer y trabajaban por turnos las 24 horas; durante dos años Kim durmió debajo de la máquina porque no tenían camas.
Con el tiempo, la familia fue ampliando el negocio textil. Tras independizarse y al ver que esa tienda coreana marchaba muy bien, convenció a su padre de invertir todos sus ahorros en un local en Once. “Ahí justo nos agarró la época terrible de [José Alfredo] Martínez de Hoz y terminamos vendiendo a $5 nuestros pulóveres, que tenían un costo de fabricación de $15. Perdimos todo”, se lamentó Kim (años más tarde presidente de la Fundación ProTejer) en una nota a LA NACION.
Volvió a empezar desde cero, consiguió otro local gracias a la confianza de un proveedor y, luego de un breve intento de radicarse en Estados Unidos, regresó al país para asociarse con uno de sus hermanos en una fábrica de tejidos. Así nació Amesud, con el objetivo de liderar el mercado de tejido de punto de alta calidad para la industria de la indumentaria.
Para garantizar estándares internacionales, la firma adoptó una estrategia de control total de la cadena productiva: en lugar de tercerizar, decidió comprar el hilado para realizar internamente el tejido, teñido y estampado. Y para ello, adquirió un predio de 30.000 metros cuadrados en el partido de San Martín, donde comenzó fabricando artículos básicos como telas de jersey y rib.
Tras un período de crecimiento, una combinación de coyuntura económica y “decisiones de inversión que no resultaron acertadas” obligó a la empresa a solicitar su primer concurso preventivo de acreedores en 1999. Este proceso fue homologado y finalmente declarado cumplido de forma total en 2013.
“Sorteada la crisis del 2001, las perspectivas para la industria textil cambiaron radicalmente, con una inversión en aumento y una disminución de la capacidad ociosa, la industria en general incorporó más de 70.000 empleados, llegando a 227 la dotación de Amesur. Poco a poco, la sociedad es descubierta por importantes marcas de indumentaria nacionales y multinacionales reconociendo su calidad y cumplimiento, pilares fundamentales para clientes exigentes. Para finales de 2004 se alcanza un récord de producción de más de 2000 toneladas anuales”, señala la empresa en la presentación judicial.
En 2010, la empresa inició una etapa de fuerte tecnificación y montó una tejeduría de última generación y automatizó los procesos de su laboratorio. Además, construyó una planta de tratamiento de efluentes, compromiso ambiental que fue un requisito exigido por marcas como Nike y Adidas para contratar a Amesud como proveedora.
“Desde entonces, la compañía transitó un camino de continuo crecimiento hasta alcanzar, a principios de 2025, una producción de 300 toneladas y 37.000 metros mensuales con una dotación de 380 trabajadores”, precisaron. Y aclararon: “Pese a que el año 2025 comenzó de manera prometedora, el mismo estuvo signado por una crisis generalizada en el sector textil, situación que se agravó en 2026”.
Detalles del proceso judicial y fechas clave
El cronograma fijado por la justicia establece el 8 de septiembre como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación ante la sindicatura. Como parte de las medidas cautelares habituales en estos procesos, el tribunal decretó la inhibición general de bienes de la concursada y le prohibió al presidente de la firma, Hong Yeal Kim, salir del país por más de 40 días sin autorización judicial previa.
El comité de control de acreedores quedó conformado inicialmente por la ARCA, la Municipalidad de General San Martín y la firma Tipoiti, quienes deberán fiscalizar la evolución de la empresa durante el período de exclusividad, cuyo vencimiento se fijó para el 19 de julio de 2027. Se trata del plazo legal durante el cual la empresa debe negociar con sus acreedores, formular propuestas de acuerdo y obtener las mayorías necesarias para que el concurso sea homologado.
