El oficialismo se apresta a cerrar este miércoles un despacho que compatibiliza el proyecto del Ejecutivo con iniciativas del radicalismo y el PRO, tras una negociación que derivó en un consenso legislativo. El dictamen será debatido en el recinto, durante la última sesión antes del receso invernal.
La Legislatura de Córdoba se prepara para celebrar este miércoles su última sesión antes del receso invernal con un tema que dominará la agenda política: la Ley Antibúnker, una de las principales apuestas del gobierno de Martín Llaryora en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Aunque el radicalismo no se olvida en reclamarle el copyright de la iniciativa de Oscar Saliba.
El dictamen del proyecto de ley que llegará al recinto establece un marco regulatorio para la intervención sobre bienes muebles e inmuebles que puedan generar riesgos para la seguridad pública o donde puedan desarrollarse actividades delictivas, como guaridas, aguantaderos o búnkeres de drogas. El esquema contempla medidas de intervención administrativa de carácter preventivo hasta la demolición que aparece como instancia final y requiere intervención judicial.
Detrás del inminente tratamiento legislativo se desarrolló una negociación política mucho más amplia que terminó modificando el proyecto original enviado por el Ejecutivo. Después de varias conversaciones entre el oficialismo y los bloques opositores, el PJ consiguió encaminar un borrador de despacho que incorpora una parte sustancial de los aportes realizados por el PRO, la UCR y otros legisladores.
Según pudo reconstruir Perfil Córdoba, el texto compatibilizado representa alrededor del 90% del dictamen definitivo que este miércoles por la mañana terminará de pulir la Comisión de Seguridad, presidida por Juan Manuel Llamosas. Salvo modificaciones puntuales de último momento, el proyecto quedará listo para ser debatido horas más tarde en el recinto.
El debate se abrió con el ingreso del proyecto del Ejecutivo provincial. Sin embargo, sobre la mesa también estaban el proyecto presentado meses atrás por Oscar Saliba (UCR) y una tercera iniciativa impulsada por el jefe del bloque del PRO, Oscar Agost Carreño. Frente a ese escenario, el PJ optó por abrir una instancia de negociación política a cargo de Llamosas en lugar de imponer la iniciativa del Panal.
Ese camino comenzó a consolidarse durante la reunión de trabajo que la comisión mantuvo la semana pasada con el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, junto al equipo técnico liderado por Pablo Sánchez Latorre, quien defendió el proyecto oficial y trazó los lineamientos clave de la futura norma.
Pero, al mismo tiempo, se llegó a esta instancia con la incorporación de aportes formulados por bloques de la oposición, especialmente aquellas vinculadas con las garantías jurídicas del procedimiento, los mecanismos de control institucional y un cambio de paradigma que incorpora una política de ordenamiento territorial, para que los inmuebles recuperados vuelvan a tener un uso lícito, comunitario y socialmente útil.
En busca del dictamen
El resultado fue un borrador de despacho que compatibiliza las tres iniciativas legislativas y que dejó muy conforme al PRO y, al menos parcialmente, a la bancada UCR, aunque persisten algunas diferencias.
Cerca de Agost Carreño reconocen que el texto final refleja gran parte del trabajo realizado por su bloque. "Nos tomaron cerca del 90% de nuestro proyecto", señalaron desde el entorno del legislador amarillo, donde destacan especialmente la incorporación de mecanismos de planificación en la recuperación del territorio, reportes de seguimiento, fortalecimiento del Registro Provincial de Bienes Intervenidos y mayores controles sobre la actuación administrativa.
En el radicalismo también valoran el clima de diálogo que predominó durante la negociación parlamentaria y la decisión del oficialismo de recuperar varios ejes del proyecto presentado por Saliba a comienzos de este año. No obstante, entre los halcones de la UCR persisten diferencias sobre el esquema institucional que finalmente tendrá la ley.
Mientras el proyecto impulsado por Saliba proponía concentrar la conducción del régimen en el Ministerio Público Fiscal, la versión impulsada por el PJ mantiene a los Ministerios de Seguridad y de Justicia como principales autoridades de aplicación, con intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y una nueva Unidad Interagencial de bienes intervenidos en el ámbito del Poder Ejecutivo. Esa diferencia sigue siendo uno de los principales reparos planteados por los sectores más duros del radicalismo, que cuestionan el peso que conservará "la política" en la ejecución del sistema.
Andamiaje jurídico
Más allá de ese debate, el oficialismo logró preservar el núcleo de su iniciativa, aunque aceptó introducir cambios relevantes que fortalecen el andamiaje jurídico de la futura norma.
El nuevo texto establece mayores límites para la intervención administrativa sobre inmuebles, incorpora criterios objetivos para justificar las actuaciones estatales, delimita con mayor precisión cuándo debe intervenir la Justicia y reserva las medidas de mayor impacto —como las demoliciones— exclusivamente para decisiones judiciales.
Asimismo, suma mecanismos de trazabilidad, planificación estratégica, seguimiento permanente, protección de terceros de buena fe y reportes periódicos a la Legislatura, varios de ellos impulsados por la oposición durante el tratamiento en comisión.
Con este esquema, el gobierno no solo buscó enriquecer técnicamente el proyecto, sino también construir una ley con mayor solidez institucional y menos vulnerable a futuras impugnaciones judiciales.
Un miércoles intenso
Con el feriado local de ayer y la atención puesta en el partido de la selección argentina por los octavos de final del Mundial, el oficialismo resolvió trasladar la reunión decisiva de la comisión de Seguridad para la mañana del miércoles, apenas unas horas antes de la sesión legislativa.
El PJ se propone llegar al recinto con un despacho de amplio consenso que permita exhibir una de las principales leyes de la gestión Llaryora con el respaldo de buena parte de la oposición.
El PRO anticipa que acompañará el proyecto. En la UCR también predomina una posición favorable, aunque algunos legisladores podrían dejar planteadas diferencias durante el debate.
La incógnita pasa por la posición final del juecismo. Si bien desde ese espacio sostienen que acompañan toda iniciativa destinada a fortalecer la lucha contra el narcotráfico, todavía resta conocer si respaldarán el despacho sin objeciones o aprovecharán el debate para profundizar el contrapunto político con el oficialismo.
Aun cuando la sanción de la ley aparece asegurada, en el recinto nadie espera una sesión exenta de tensión por el fuego cruzado en torno a los problemas de seguridad y narcotráfico. Además, el oficialismo y oposición volverán a disputar el relato sobre quién terminó moldeando una norma que, más allá de llevar el sello del Ejecutivo, llega al tramo final de su tratamiento legislativo con una impronta claramente multipartidaria.
