El Gobierno define al reemplazante del vocero presidencial como accionista Clase A. Quien asuma tendrá la llave para una eventual privatización y el control de una empresa que concentra el 53% del mercado de combustibles.
La salida de Manuel Adorni deja vacante una de las sillas más codiciadas del sector energético: la del Directorio de YPF. El Ejecutivo aún tiene que definir quién tendrá la representación exclusiva del Estado a través de las acciones Clase A, un cargo de peso que otorga poder de veto, capacidad de decisión directa en la Asamblea de Accionistas y un voto clave ante cualquier esquema de fusión o privatización. Pero además, un puesto de decisión estratégico en un lugar designado para una de las tareas más importantes del objetivo de Javier Milei: darle dólares al Gobierno.
Podría ser Diego Santilli, flamante jefe de Gabinete, quien asuma el rol. Pero la Casa Rosada podría incluso designar a otro funcionario o incluso, un empresario de confianza, si así lo decidiera. Cualquiera sea, la bajada es que la compañía sea lo más rentable y eficiente posible para evitar que la administración libertaria caiga en el drama que vivió históricamente la Argentina de la restricción externa. En realidad, aprovechar el momento de auge que le tocó a La Libertad Avanza después de años de políticas de desarrollo e incentivos a la producción en Vaca Muerta, hoy en la puerta de destrabar una mayor cantidad de exportaciones por el avance de la construcción de gasoductos y oleoductos.
Aún así, hoy YPF controla el 53% del downstream (venta de naftas al público), funciona como empresa testigo en el mercado y sus exportaciones ya explican cerca del 27% del total facturado por el complejo de combustibles y energía a nivel nacional.
La tracción de la compañía es el motor del sector. En abril de 2026, la producción total de petróleo en Argentina promedió los 140.197 metros cúbicos diarios, con los yacimientos no convencionales traccionando el 70% de ese volumen. En esta estructura, la petrolera de bandera mantiene una hegemonía al operar 60.846 metros cúbicos diarios, lo que representa el 43% del share nacional, indicó un informe del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG). Esta es la base de operaciones que administra Horacio Marín, ratificado en la presidencia este año mediante el voto clave de Adorni.
El peso de la Clase A
El rol del representante del Ejecutivo está lejos de ser protocolar. Desde enero de este año, los votos de la Casa Rosada gatillaron cambios sucesivos en el directorio. Su intervención más determinante ocurrió el 30 de abril, durante la Asamblea General Ordinaria. En ese recinto, ejerciendo su derecho por la Clase A, el Estado designó su control interno con el nombramiento de Héctor Horacio Canaveri como Síndico titular y a Hebe Cereseto como suplente de la Comisión Fiscalizadora.
En esa misma asamblea se libró otro punto importante: la aprobación de los desembolsos para el directorio. Los accionistas autorizaron un pago a cuenta de honorarios por un tope de $14.403.320.092 para el ejercicio 2026. La silla reservada para el Estado tiene asignada una remuneración millonaria, al igual que las del resto del board. Sin embargo, el acta asamblearia dejó constancia de la renuncia expresa del investigado exjefe de Gabinete a percibir dichos honorarios. En el oficialismo se asume que su sucesor deberá acatar la misma línea de austeridad.
El ajedrez provincial y el factor Francos
El Ejecutivo ejerce su control mayoritario del 51% a través de acciones Clase D, las mismas que están en el mercado secundario al alcance de cualquier inversor y que poseen el resto de los miembros del Directorio. Algunos, tienen firma independiente y otros responden a mandatos provinciales. Distritos petroleros clave como Neuquén, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz y Chubut rotan lugares con provincias de menor peso como Salta o Catamarca.
El caso de Guillermo Francos sentó un precedente: mientras ejerció como jefe de Gabinete, ocupó la silla de la Clase A. Una vez relevado, logró reubicarse como director por la Clase D, habilitando el cobro de la dieta millonaria. Consultados sobre la viabilidad de que Adorni intente una maniobra similar, fuentes del sector afirmaron que, muy probablemente, el directorio no lo apruebe.
El "buffer" de precios: la contradicción liberal
Si bien quien tiene las acciones clase A no participa de las decisiones de empresa habituales, YPF funcionó durante toda la gestión como el principal mecanismo de control de precios en el mercado de las naftas.
En distintas ocasiones, la petrolera de mayoría estatal resistió aumentos en surtidores que sus competidores aseguraban, estaban atrasados respecto al import parity, puesto en marcha por el propio Gobierno. El buffer de precios, un instrumento diseñado para amortiguar el surtidor por la guerra en Irán y que culmina formalmente en junio, sostuvo la estabilidad local frente a la violenta volatilidad que sufrió el barril de Brent a causa de los conflictos bélicos globales.
