Empleados estatales aseguraron haber utilizado sus tarjetas de crédito para canalizar gastos que el ex jefe de los ministros hizo para acondicionar su vivienda en Exaltación de la Cruz.
La causa judicial que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni sumó más revelaciones que involucran aún más al ex Jefe de gabinete de la Nación. Empleados de carrera y funcionarios de su extrema confianza que se desempeñaban en la estructura estatal comenzaron a declarar ante la Justicia, confirmando la hipótesis central de los investigadores: el uso sistemático de testaferros y tarjetas de crédito ajenas para canalizar gastos suntuosos en efectivo que no guardaban relación con los ingresos formales del referente libertario.
La declaración de Gisela Kocsis, una empleada pública de carrera con 15 años de antigüedad en el área de prensa de la Casa Rosada, modificó parcialmente el mapa de las sospechas. Kocsis reconoció ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que, además de la ya conocida facturación a su nombre de sommiers y ropa de cama en la firma Rosen por más de ocho millones de pesos, debía canalizar otras adquisiciones de bienes duraderos para el confort familiar del entonces vocero presidencial.
Según detalló el testigo bajo juramento, en mayo de 2025 gestionó de manera directa la adquisición de un lavavajillas y un lavarropas de la marca Whirlpool. Ambos electrodomésticos, cuyo valor conjunto superó los tres millones de pesos, tuvieron como destino final la propiedad que la familia Adorni poseen en el exclusivo country Indio Cuá, ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz, y fueron financiados con la tarjeta de crédito personal de la propia empleada estatal.
El modus operandi descrito por Kocsis ante las autoridades judiciales expone una operatoria recurrente para eludir los registros financieros tradicionales. Respecto a la adquisición de los electrodomésticos, la funcionaria manifestó que, una vez efectuado el pago con su plástico, el propio Adorni se encargó de reintegrarle la totalidad del importe entregándole fajos de billetes en efectivo en el ámbito privado, justificando que de forma habitual solía ocuparse de “gestiones personales” de su superior.
En relación a la compra de los colchones por más de ocho millones de pesos en Rosen The Store —cuyo registro contable fue recuperado originalmente del teléfono celular del contratista Matías Tabar—, la empleada aportó un dato clave sobre la ruta del dinero físico. Relató que si bien la documentación fiscal se confeccionó intencionalmente a su nombre por pedido del funcionario, quien se presentó brillantemente en el local comercial portando los millones en efectivo para saldar la cuenta fue Bettina Angeletti, esposa del ex ministro coordinador.
La declaración testimonial de la ex secretaria privada expuso además que las maniobras en las tiendas de diseño de interiores no se limitaron a un hecho aislado. Apenas veinte días después de haber concretado el millonario desembolso por la blanquería principal, los involucrados repitieron idéntico procedimiento administrativo en el mismo establecimiento comercial, efectuando una nueva compra de almohadas por un valor estimado de $400.000, cancelada una vez más mediante la entrega de billetes en mano.
Más voces en contra
De manera paralela, la fiscalía tomó declaración a Luis Enrique Aluju, actual coordinador de Información de Gobierno y amigo de toda la vida del ex jefe de ministros. Las constancias en poder de la Justicia ubicaban a Aluju como el titular de dos tarjetas de crédito que registraban movimientos sospechosos de alta gama vinculados al entorno de la Vocería Presidencial, lo que obligó a su citación formal en los tribunales federales de Comodoro Py.
Aluju admitió ser el titular de los plásticos con los que se financió una orden en la plataforma Mercado Libre para la compra de dos proyectores de video orientados al rubro de los videojuegos, con un valor de $1.831.795 cada uno. El testigo intentó aclarar que, aunque la transacción global por $3.600.000 se realizó utilizando el usuario digital personal de Adorni. Los equipos tecnológicos fueron entregados en el departamento familiar de la calle Asamblea, domicilio previo a la mudanza al barrio cerrado.
Para los investigadores judiciales que ordenan el expediente, cada uno de estos consumos cruzados posee una finalidad unívoca: el equipamiento y reacondicionamiento integral de la propiedad de descanso en Indio Cuá. Este entramado tecnológico y de confort se acopla a las declaraciones previas del contratista Matías Tabar, quien ya se había comprometido severamente al ex funcionario al declarar que Adorni invirtió US$ 245.000 en efectivo, de manera totalmente marginal y sin emitir facturas, para las refacciones edilicias de dicha finca.
Acumulación de pruebas
A estas declaraciones de la última jornada se sumó la de Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales y funcionaria designada de forma directa por Adorni bajo el argumento de sumar “gente de confianza” al despliegue estatal. Schiuma ratificó el pasado lunes ante el fiscal Pollicita que accedió a facilitarle los datos de su tarjeta de crédito Mastercard para que su entonces jefe comprara un monitor de prestaciones gamer por una suma exacta de $2.184.999,05, dinero que luego le fue devuelto en mano.
Con la información contable unificada, la fiscalía determinará que Adorni acumuló consumos por 139 millones de pesos en tarjetas entre diciembre de 2023 y marzo de este año, montos que superaban sus ingresos mensuales, registrando resúmenes de entre cuatro y seis millones de pesos. El fiscal Gerardo Pollicita guarda el informe técnico definitivo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para evaluar el patrimonio integral de Adorni y su esposa antes de proceder a la intimación formal por justificación patrimonial.
Renunció a YPF: se desvinculó del directorio de la petrolera
Manuel Adorni presentó este miércoles su renuncia al directorio de YPF, pocos días después de dejar la Jefatura de Gabinete. Había sido designado como director titular Clase A de YPF tras asumir al frente de la Jefatura de Gabinete. Desde ese cargo representaba al Estado y concentraba la denominada “Acción de Oro”, con facultades especiales dentro de la empresa y con poder de veto sobre decisiones estratégicas. Al igual que sus antecesores en la coordinación de los ministerios, Nicolás Posse y Guillermo Francos, desempeñaba esa función ad honorem y no percibía una remuneración por integrar el directorio. Sin embargo, tras confirmarse su salida del Gabinete, surgieron versiones sobre la posibilidad de que permaneciera en ese puesto y comenzara a cobrar los honorarios correspondientes, estimados entre $80 millones y más de $100 millones mensuales, según documentos oficiales presentados por el directorio a la Asamblea de Accionistas en abril de este año. Javier Milei desmintió esas especulaciones. “Manuel está fuera de YPF”, afirmó horas después de confirmarse la renuncia.
